Aseguran que hay cientos de empresas «manejadas» por fallecidos

La información surgió de registros oficiales y de fuentes del organismo estatal. Puebla, incluso, quedó pegoteado a una causa penal por diferimientos truchos de impuestos en La Rioja. La firma perdió los beneficios fiscales. Pero a Puebla no le importó: llevaba años muerto.

La Inspección General de Justicia (IGJ) detectó más de 600 sociedades que ampliaron su capital, modificaron su domicilio o incluso se constituyeron con personas fallecidas hasta 15 años atrás.

Aun así, la IGJ no tomó medidas contra la mayoría de esas sociedades, a las que sólo en ciertas ocasiones denunció ante la Justicia.

La información surgió de registros oficiales y de fuentes del organismo estatal. Según consignó el diario La Nación, existe el temor de toparse con otro «caso Skanska», con proveedores de facturas truchas, sobreprecios y presuntos sobornos, o con empresas de fantasía.

En esa línea, un amplio porcentaje de las sociedades constituidas por muertos son «consultoras», con objetos sociales amplios, en tanto que los fallecidos figuran inscriptos ante la AFIP en ese rubro.

Más aún, en la mayoría el difunto apareció como se presidente, para después cambiar las autoridades y desaparecer del Boletín Oficial. Es decir, prácticas habituales entre las usinas de facturas falsas para la evasión de impuestos y el ocultamiento de pagos de sobornos.

La inacción oficial derivó incluso en algunos casos insólitos, como los de sociedades que personas que presentaron trámites con personas muertas 18 años antes. O la participación de difuntos en múltiples firmas a la vez, con el caso extremo de uno que apareció en nueve distintas cuando ya llevaba muerto 13 días.

Según el Registro Nacional de Sociedades, hay más de 24.200 sociedades activas en los que aparecían fallecidos como miembros de directorios y consejos de administración, es decir, funciones en las que debían firmar documentos de esas sociedades.

La diferencia entre ambos grupos es que en el universo más amplio, las 24.200 entidades presentaron algún trámite con todos sus miembros vivos, pero luego uno de ellos falleció sin que se informara el deceso a la IGJ, ni se designó a otra persona en su reemplazo. .

En el segundo grupo, derivado del primero y con poco más de 600 firmas, en cambio, el fallecimiento ocurrió antes de que alguien presentara el trámite de la sociedad con su rúbrica ante la IGJ, es decir, a sabiendas de que el muerto estaba ya bajo tierra.

La existencia irregular de esas entidades debería también ser informada a la unidad antilavado (UIF) y a la AFIP, ya que, según muestran los antecedentes históricos, estas firmas son instrumentos habituales para el lavado de activos y la evasión. Pero no existen constancias de que haya existido esa comunicación.

Sin embargo, según La Nación, las irregularidades resultan notorias en el más acotado grupo de las 600 sociedades comerciales y entidades civiles que presentaron algún trámite ante la IGJ cuando uno de sus integrantes ya había fallecido.

Ése es el caso de la empresa de transporte Distribuidora Varietales SRL, que existe y funciona, pero que presentó una declaración jurada en 2011 en la que omitió consignar que tres de sus socios, Carlos Cozzarin, Ramón Martínez y Ricardo Muñoz, habían fallecido cuatro, cinco y seis años antes.

Otro difunto con notable protagonismo es Guillermo Sigilberto Puebla -muerto en mayo de 1998-, que intervino en por lo menos una treintena de sociedades bajo la órbita de la IGJ sospechadas de ser apenas «empresas fantasma» -entre ellas, Codymar SA y Ancira SA- bajo la coordinación del escribano Rubén Erviti, quien fue despojado de su matrícula en junio de 2005. Puebla, incluso, quedó pegoteado a una causa penal por diferimientos truchos de impuestos en La Rioja. La firma perdió los beneficios fiscales. Pero a Puebla no le importó: llevaba años muerto.