La subsecretaria del Tesoro expresó, ante el congreso de su país, su apoyo para que el Fondo Monetario exija al Gobierno transparencia en las estadísticas públicas. Quintela calificó de «barbaridad» y de «exageradamente incorrectas» las cifras sobre pobreza e indigencia que publicó el Indec.
No sólo es el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ahora es también la administración de Barack Obama la que, de modo público, se sumó al creciente coro que señala la falta de credibilidad de las estadísticas que informa el gobierno de Cristina Kirchner y avaló, por eso mismo, la sanción aplicada por el organismo.
«Una de las obligaciones más importantes que tiene el FMI es la de fijar los estándares con los que se suministra información estadística», sostuvo la subsecretaria para Asuntos Internacionales del Tesoro, Lael Brainard.
«Los países enfrentan una moción de censura cuando fallan en informar de acuerdo con ese compromiso. Y ése fue el caso de la Argentina», añadió la funcionaria.
En la misma ocasión, subrayó el «compromiso» de los Estados Unidos para que el Fondo mantenga su función de control y vigilancia sobre la información estadística que suministran sus países miembros. «Es esa información la que permite medir adecuadamente los riesgos» a los inversores, justificó.
En febrero último, el organismo que dirige Christine Lagarde cumplió con las amenazas que venía realizando y aplicó una inédita sanción a la Argentina por la mala calidad de sus estadísticas. Sobre todo, en lo referido a inflación y crecimiento económico.
Fue la primera vez en medio siglo que un país era sancionado por esa razón por sus socios.
El Fondo no informó el sentido del voto de la veintena de países que participaron en la reunión de directorio en la que se adoptó la decisión. Por entonces, La Nación pudo saber de modo oficioso que tanto Estados Unidos como países europeos habían estado de acuerdo con el inédito paso dado.
En el caso de la administración demócrata, la subsecretaria Brainard parece haber apuntado las razones que llevaron a estar de acuerdo con la sanción.
Por su posición, la ejecutiva está también en contacto con las gestiones que se hacen en el G-20, el grupo de países que asumió un compromiso adicional de informar cabalmente sobre la evolución de sus economías.
La Argentina integra ese bloque, pero la única que, en forma abierta, no acata esa directiva.
«El Fondo es un ente estratégico para fijar estándares internacionales [en materia informativa]. Cuando los países se unen al Fondo, se comprometen a cumplir obligaciones (…) El Fondo publica informes sobre la evolución económica de sus miembros (…) Y ayuda a los inversores a evaluar mejor el riesgo de acuerdo con la información a la que acceden, que se entrega con un cronograma, que debe ser consistente y de acuerdo con estándares internacionales», sostuvo Brainard.
«Cuando los países fallan en cumplir con esos requerimientos informativos, se enfrentan a una censura. Y ése fue el caso de la Argentina», explicó. «El Fondo la censuró porque no emitió información de acuerdo con niveles de calidad internacionales», explicó.
Brainard hizo esos comentarios al explicar que, para el gobierno de Barack Obama, la condición del Fondo como garante de la calidad de la información estadística que se suministra en el nivel internacional es estratégica.
«Ése es el énfasis que quiero subrayar. Nuestro compromiso en el FMI apunta mucho en [mantener] los estándares internacionales de información y de vigilancia y en hacer que se implementen», justificó. El Fondo no debe ser visto «únicamente» como un organismo que presta dinero, porque tanto o más importante es su papel verificador de la calidad estadística, argumentó.
La funcionaria expuso esta semana ante el subcomité de Política Monetaria y Comercio de la Cámara de Representantes. Fue ante ese mismo grupo de trabajo que, hace ya dos años, el gobierno norteamericano informó su decisión de no votar los créditos que la Argentina procura ante organismos internacionales, como represalia por su «inconducta» respecto de obligaciones y normas financieras internacionales.
En cuanto a las estadísticas públicas de la Argentina, en la asamblea semianual, que se desarrolló en esta ciudad, el FMI sostuvo que la sola creación de un nuevo índice de costo de vida que anuncia el Gobierno «no basta para neutralizar» la censura que pende sobre el país. «Hay que ver si [ese nuevo indicador] se ajusta a niveles internacionales», se explicó.
Mientras que el intendente de la ciudad de La Rioja, Ricardo Quintela, calificó de «barbaridad» y de «exageradamente incorrectas» las cifras sobre pobreza e indigencia que publicó la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), según las cuales en esa ciudad la indigencia es de 0,1% y la pobreza, de 2,5%. Quintela, del Frente para la Victoria, dijo en declaraciones a la radio Cadena 3: «Tengo en la puerta de mi casa 40 o 50 indigentes. Hay mucha gente que necesita mucho».
El funcionario admitió su sorpresa: «Lo tomé como asombrado, la verdad creo que hay información que no es la correcta, que le dan a la Presidenta, y además fue ella la que lo anunció». Esta semana el Indec señaló que la pobreza se ubicó en 5,4% a nivel nacional y la indigencia, en 1,5 por ciento. Cristina Kirchner festejó esta supuesta mejora, pese a que el Observatorio Social de la UCA, la CGT y hasta centros de estudios ligados al kirchnerismo calculan que la pobreza ronda en realidad el 25 por ciento.
