El plan de control de precios en supermercados por parte de organizaciones sociales y políticas anunciado por Cristina Kirchner encuentra correlato en tierras bolivarianas. Similitudes y diferencias de una iniciativa tan controvertida como riesgosa, que según los analistas, fracasó sistemáticamente a la hora de contener la inflación y causó desabastecimiento.
“Vamos a utilizar a la fuerza de los movimientos políticos, sociales y juveniles para desplegarlos en todo el territorio», exhortó por cadena nacional Cristina Fernández de Kirchner al revelar la semana pasada por primera vez la intención de que militantes controlen los precios en los supermercados.
La elección de las palabras presidenciales no fue inocua y despertó todo tipo de suspicacias: dirigentes opositores calificaron la convocatoria de intimidatoria y algunos llegaron a compararla con prácticas propias de regímenes autoritarios de antaño. Las precisiones llegarían recién el miércoles durante la presentación de la campaña «Mirar para Cuidar», en la que, a su modo, la propia Presidenta debió salir a bajarle el tono al anuncio.
Sin embargo, el plan de control de precios del Gobierno tiene evidentes similitudes con lo que sucede por estos días en Venezuela, su principal aliado en la región. La utilización de militantes sociales y políticos para fiscalizar las subas de precios, el señalamiento a comerciantes y empresarios como los responsables de las penurias inflacionarias y la politización de los organismos de defensa al consumidor son algunos de los puntos en común entre los dos países que lideran cómodamente el ránking de inflación en América latina.
La flamante iniciativa “Mirar para Cuidar”, que supone el control de militantes junto a inspectores municipales de los precios de unos 500 productos que se mantendrán congelados desde el 1 de junio hasta octubre, tiene su correlato casi calcado en tierras bolivarianas. Se trata del Plan Nacional de Inspección y Fiscalización Conjunto, un operativo de control masivo en el que participan 11 instituciones del Estado de la mano de agrupaciones políticas y sociales oficialistas que inspeccionan todos los comercios del país para frenar el avance de la inflación y el desabastecimiento que aqueja al país petrolero.
El faltante de productos en los supermercados es hoy la principal preocupación entre los venezolanos. Primero fueron el arroz y la harina, luego el papel higiénico y ahora le llegó el turno al vino. Así, ni la Iglesia Católica se salva del desabastecimiento. Esta semana trascendió que la Conferencia Episcopal alertó que se están agotando sus reservas de vino para celebrar misa y que ya habrían pedido al Gobierno que le habilite dólares para importarlo. De hecho, el propio presidente Nicolás Maduro admitió que el país atraviesa una situación de «desabastecimiento agudo» y llamó a la población a redoblar los controles sobre los especuladores y acopiadores, como se los señala a los empresarios.
No tan distintos
Mientras que en el caso del plan argentino, la última palabra la tiene el secretario de Comercio Guillermo Moreno, quien desde la Subsecretaría de Defensa del Consumidor tiene la autoridad para sancionar a los comercios -pueden ser multas de 5 a 100 millones de pesos, clausuras y decomiso de artículos, según marca la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor-, en Venezuela el terror de los comerciantes y empresarios es el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), que fue creado por Hugo Chávez en 2010.
Según sus propios estatutos, el organismo, que depende del omnipotente Ministerio del Poder Popular para el Comercio, “tiene como función específica la defensa y protección del acceso de las personas a los bienes y servicios, estableciendo los ilícitos administrativos, sus procedimientos y sanciones, con la participación activa y protagónica de las comunidades a través de los Comités de Contraloría Social para el Abastecimiento”.
Así explicó su funcionamiento cotidiano del organismo la titular del Indepabis, una predestinada funcionaria chavista llamada Consuelo Cerrada. «En los operativos de control de precios por los barrios, el Indepabis trabaja de la mano con el pueblo organizado, con el poder popular, a través de las redes de defensores de la soberanía alimentaria y a través de los Comites de Controlaría Social”, dijo Cerrada durante un relevamiento que tuvo lugar esta semana en el centro de Caracas. Y agregó: El mismo pueblo organizado es nuestra brújula, son quienes nos orientan para que en las próximas inspecciones visitemos los comercios que denunciaron.
Además, y a diferencia de la versión local, los operativos venezolanos actúan con poder de policía: los funcionarios y los militantes trabajan en conjunto con las fuerzas de seguridad como la Policia Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana.
En tanto, por estos pagos se supo que podrán participar de los relevamientos las organizaciones políticas, sindicales y hasta religiosas, siempre acompañados por inspectores municipales, que a su vez serán controlados por los Intendentes. “Cuando la Presidenta nos invita a “Mirar para Cuidar”, lo que nos está diciendo es que debemos cuidar los logros alcanzados. Cualquiera puede ocuparse de observar que se cumpla el acuerdo de precios”, sostuvo la subsecretaria de Defensa al Consumidor y mano derecha de Moreno, María Lucila «Pimpi» Colombo, al ratificar el rol fiscalizador de los militantes. Al respecto, fuentes cercanas a la Secretaría de Comercio deslizaron que distintas agrupaciones kichneristas como Unidos y Organizados, La Cámpora, Movimiento Evita y Kolina tendrán un rol protagónico en los operativos.
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