Un 26,4% de los trabajadores de la administración pública nacional -ministerios y entes descentralizados- no tiene un vínculo laboral estable con el Estado, mientras que 12,2% de los empleados estatales del país no están registrados.
Según datos oficiales, casi uno de cada tres empleados de la Administración Nacional es precarizado, esto es, no tiene un vínculo laboral estable. Además, de acuerdo con datos del Indec, 12,2% de los empleados públicos en el país no estaban registrados por su empleador, lo que significa que el Estado no paga sus aportes y contribuciones.
Los datos de empleo público se esconden en un kafkiano laberinto gubernamental. Sin embargo, obligada por la trampa de un decreto propio (el 312/10), la Jefatura de Gabinete se obligó a consolidar en un informe sobre el porcentaje de cargos y contratos de personas con discapacidad en la administración nacional -actualizado al segundo semestre de 2012-, el valioso dato del total de los trabajadores de ministerios y entes descentralizados.
De acuerdo con ese documento oficial, el 26,4%, o sea, unos 83.329 empleados de ministerios y entes descentralizados del nivel nacional, aparecen en planta transitoria, bajo el paraguas del llamado «artículo 9», o vinculados con el Estado a través de diferentes contratos.
Se trata, según dos abogados laboralistas consultados por LA NACION, de trabajadores en una situación laboral precaria, ya que se estima que la gran mayoría cumple tareas de personal permanente.
El informe con el sello de la Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP), que depende de Juan Manuel Abal Medina, señala que el total de los empleados públicos en la administración central es de 315.583. Sin embargo, ese documento aclara que 23 de las 183 jurisdicciones ministeriales y entidades descentralizadas se negaron a informar la cantidad de trabajadores a su cargo actualmente.
No obstante, según datos del año pasado de la Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias (Dinrep), esos mismos organismos nacionales suman 571.713 trabajadores -esta información agrega a las universidades nacionales, y a los poderes Judicial y Legislativo-. Esa plantilla laboral se expandió 15,4% desde 2008. Sin dar una estimación porcentual, economistas privados afirman que, tomando esta última cifra, la precariedad laboral sería mayor.
La misma fuente oficial estima que la cantidad de empleados públicos en todo el país sería de 3.321.439 a fines de 2012. Desde 2008, el empleo público creció 19,2%, lo que significa que hubo 535.032 puestos nuevos de trabajo. Si se compara con el promedio de 2000/2002, surgen 1,14 millones de empleos en el Estado.
Datos de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), sobre la base de información oficial, estiman que el mayor crecimiento en la plantilla laboral pública entre 2000/2002 y 2012 se registró en los municipios (77 por ciento). Luego aparecen las provincias (47%) y finalmente, el Estado nacional (33 por ciento).
No obstante, el porcentaje récord lo detentan las empresas públicas, sobre todo luego de la estatización de algunos ferrocarriles, YPF (que absorbió a Metrogas), Aerolíneas Argentinas y el Correo (más de 250 por ciento). Este grupo, a los que se suman los bancos públicos, agrupa a cerca de 100.000 empleados, muchos más de los 27.000 de los 90 y menos de los 340.000 del promedio de trabajadores de los 80.
Un desagregado provincial elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) sobre la base de datos de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) del Indec, que no incluye a empleados que dependen de la Nación, estima para fines de 2011 la existencia de 311.303 trabajadores públicos (12,2%) a los que el Estado no les paga aportes y contribuciones. Se trata de un crecimiento de una décima en relación con 2010.
Los bajos sueldos son otra forma de precarización
No sólo el vínculo laboral entre los trabajadores y el Estado aparece precarizado desde hace años. También los salarios empezaron a licuarse gracias a la inflación. Según un informe de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el promedio salarial para los trabajadores del Estado nacional es de 6000 pesos. Sin embargo, para los empleados provinciales la cifra es de $ 2850 mensuales y para los municipales, de 1170 pesos. El salario mínimo, vital y móvil en la Argentina es de $ 2875. Según la Federación de Sindicatos Municipales Permanentes, el 68% de los trabajadores bonaerenses no está en planta permanente y tienen básicos de 736 pesos. Según otro gremio municipal, el 50% de esos trabajadores cobra por debajo del salario mínimo en el país.
