Díaz Moreno: “Es un gesto electoral, sus candidatos no tienen intención de voto”

Asambleístas desconfían del Gobernador: “El diablo va a volver a arremeter contra los pueblos”. Para la asambleísta, Beder Herrera habría maquinado esta maniobra en su búsqueda por  impactar en el electorado.

EMSE anunció ayer la rescisión del contrato con Osisko, un pedido que venía manteniendo gran parte del pueblo de Famatina, en su firme intención de que en el lugar no se realizaran proyectos de exploración y posterior explotación de proyectos megamineros.

Lo que parece ser un paso sumamente importante en la lucha que comenzó, hace un año y seis meses, la Asamblea Ciudadana Famatina contra las políticas mineras del Gobierno provincial, desde el bastión principal -el corte de Alto Carrizal-, avizoran una maniobra electoral por parte del Gobernador.

“Es un gesto electoral, sus candidatos no tienen intención de voto”, expuso Karina Díaz Moreno, referente de las Asambleas Ciudadanas, por Radio La Red.

Para la asambleísta, Beder Herrera habría maquinado esta maniobra en su búsqueda por  impactar en el electorado, y de esta manera, acortar la brecha que separaría a sus candidatos –en intención de votos- del espacio de Martínez y Bordagaray.

“Hay muchas cosas que se necesita del Gobierno de La Rioja y no por esto Beder Herrera va a ser bueno”, agregó la asambleísta. Y resaltó: “Necesitamos que se caigan las causas judiciales contra asambleístas, que se haga justicia por la represión, que se devuelvan los recursos a Capital y Famatina, que salgan los municipios paralelos”.

En los fundamentos del decreto Nº 874, se indica que “la continuidad y persistencia de dichos acontecimientos de confrontatividad, imposibilitaron hasta la fecha dar inicio a las actividades programadas generando graves consecuencias de orden económico y social a la provincia”.

“Estos hechos –agrega-, generaron perjuicios irreversibles desde el punto de vista económico y, en consecuencia, de logros de justicia social, siendo que fue objetivo prioritario de este gobierno, alcanzar a través de sus actos la democracia participativa en lo económico, social y cultural, como lo señalan los principios del sistema político constitucional”.

En ese punto, señala: “máxime, si se tiene en cuenta que el desarrollo de una minería sustentable, en el marco de un absoluto cuidado y preservación del medio ambiente, como no puede ser de otra manera, teniendo en cuenta los principios constitucionales que informan el derecho a su protección para que todos podamos gozarlos y vivir en él, no es óbice para el aprovechamiento de los recursos naturales, como derecho-deber, en búsqueda del bienestar de los pueblos”.

Puntualiza en tal sentido que “la incursión en la minería constituye la base para que a partir del aprovechamiento de aquellos recursos, se pueda lograr el desarrollo social necesario que implique un mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes como marco de las políticas que en tal sentido el gobierno nacional diagrama y propende”.

Se recuerda que la radicación de capitales privados para el desarrollo de una actividad productiva, sean estos nacionales o extranjeros, requiere como primer principio el de garantía de la seguridad jurídica de la inversión.

Entonces, expresa en los considerandos el decreto, “el accionar de los grupos autodenominados antimineros lastimó seriamente éste y otros aspectos garantes de una inversión legítimamente conseguida, pero que sin embargo, dado el tiempo transcurrido, la previsibilidad que debió reunir para garantía de tal inversión se transformó en lo opuesto”, haciendo necesario en consecuencia llegar a la rescisión del contrato de exploración firmado con la empresa Osisko.