Tal cual sucedió con otros emprendimiento megamineros que pretenden imponer como el proyecto Famatina, El Cantadero volvió a situarse como el ícono del “avasallamiento y atropello de los derechos de todos los ciudadanos”. El municipio capitalino clausuró las actividades mineras pero la Justicia Federal decidió lo contrario. Con apelaciones de por medio, la población tuvo que salir otra vez a las calles, pidiendo ser escuchada porque “el gobernador, en una actitud caprichosa y sabiendo que no tiene licencia social, juega con el pueblo”.
En diálogo con Radio Comarca, el abogado Emilio Rodríguez -fiscal municipal de la ciudad capital-, se refirió a la decisión de la Justicia Federal respecto a suspensión de la clausura de las actividades mineras en El Cantadero y también, a la Ordenanza 4930/12 Municipio No Tóxico, No Nuclear y Ambientalmente Sustentable.
En una primera instancia, relató que todo se inició a partir de esa ordenanza “que prohíbe todo tipo de actividad minera que traiga un peligro de dañar el ecosistema”, la cual fue sancionada “conforme a los parámetros legales, y tiene base en la Constitución Nacional y Provincial, al derecho que tenemos los ciudadanos a gozar de un medioambiente sano”, destacó.
Explicó que a partir de esa ordenanza, se dictó una Resolución de la Dirección General de Ecología y Medioambiente e Higiene del municipio capitalino “donde se clausura las actividades mineras, más específicamente de exploración y explotación de uranio que lleva adelante la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en la zona de El Cantadero, que dista a aproximadamente 20 kilómetros de la ciudad capital”.
Pero, el lunes se enteraron de la grave situación: “Fuimos notificados de una Resolución del juez federal, doctor Piedrabuena donde ordenó el levantamiento de la clausura y además, la suspensión de la ordenanza”.
“Creemos que es una situación inédita, porque la sociedad ha dicho que con licencia social todo y sin licencia social nada. La ordenanza es legal y tiene los atributos de toda ley, no se contradice con la Constitución Nacional. La ordenanza que el municipio sancionó le da vida, sustento y energía a la propia gente”, opinaron desde el municipio capitalino.
Y coincidentemente con tales declaraciones, el letrado dijo que la decisión de la Justicia Federal “es totalmente contraria al valor justicia y arbitraria desde todo punto de vista”, por lo que adelantó que “estamos analizando la posibilidad de solicitar juicio político al juez Piedrabuena”.
Por ello, confirmó la presentación de un recurso de apelación a la medida dictada por la Justicia Federal. “Vamos a ir hasta las últimas instancias, a la Cámara Federal de Apelaciones en Córdoba o a la Corte Suprema de Justicia si es necesario porque con esto, el juez aplasta los derechos de los ciudadanos y aniquila la autonomía municipal”, advirtió Rodríguez.
Y ratificando que “daremos batalla en todos los órdenes”, destacó la importancia de la movilización popular: “Nosotros lo haremos en todos los estrados judiciales, y la gente en las calles porque es lamentable cómo la provincia es indiferente y específicamente la Secretaría de Medioambiente que mira para otro lado y hace la vista gorda en toda esta cuestión”.
En ese sentido, aseveró que “no conocemos el informe de Impacto Ambiental que haya presentado la CNEA ni tampoco la Secretaría de Medioambiente cumplió con la obligación de la ley, de convocar al Consejo Provincial de medioambiente que está constituido por las universidades, las ONGs vinculadas a la protección del medioambiente y los municipios en los cuales recaen las exploraciones”.
“Nada de eso se hizo. Vemos un gobierno provincial indiferente, como ya nos tiene acostumbrados”, remarcó el abogado.
Porque “el gobierno va en contrasentido de la voluntad de la gente quienes por encima de los sectores y los partidos políticos, rechaza la megaminería contaminante y todo lo que pueda producir un daño irreparable al medioambiente y también este sistema y la manera de llevar adelante políticas que afectan directamente a todos los ciudadanos”.
Pero…”avanzan igual y el gobierno de la provincia no hace nada y omite cumplir con lo que la ley obliga”, cuestionó.
Su mensaje: “No debemos permitir que nos sigan avasallando y atropellando nuestros derechos. Es importante que la gente salga a las calles en defensa de los derechos de todos. Es muy importante el acompañamiento popular, así como se defendió El Famatina con marchas que torcieron el brazo a este gobernador porque el uranio es tan grave como aquellos que querían hacer en Famatina”.
Por su parte, la diputada electa por la Capital, Lucía Ávila consideró la decisión de la Justicia Federal como “una torpeza y una ilegalidad de alto grado”. “Tenemos que conocer la ordenanza municipal que trata sobre la explotación de uranio en El Cantadero, porque se están violando los derechos”, destacó la integrante de la Asamblea La Rioja Capital.
Desde Famatina, también opinaron al respecto. “No puede ser que a esta altura de la historia estemos con que sí o no al uranio. Esa zona debe ser especialmente protegida y preservada, y el gobierno tiene que entender esta política megaminera no es bienvenida en ningún rincón de la provincia”, sostuvo con firmeza el cura párroco Omar Quintero.
Para finalizar, ratificó: “Es el colmo seguir insistiendo con este tema. El gobernador no entiende que no tiene licencia social para sus proyectos y continúa con esta actitud caprichosa que no le vamos a permitir porque pretende seguir jugando con el pueblo”.
