El gobierno de Cristina Kirchner parece caminar por un angosto desfiladero. De un lado, está el precipicio de la crisis económica, con una inflación que se acelera, mientras la devaluación no logra detener la fuga de reservas. Del otro, unas tensiones sociales que ya causaron dramáticos desbordes en Córdoba, Catamarca, La Rioja y Neuquén y en algún distrito del conurbano. Todo ello ocurre, como describió el economista Luis Secco, sin que aún haya un deterioro fuerte del nivel general de actividad, del salario real o del empleo. ¿Qué espacio hay para aumentar tarifas de los servicios públicos en este escenario si se pretende siquiera moderar la flama del déficit fiscal?
Las novedades económicas en los últimos días no han ido más allá de la cosmética. El equipo de Economía repite las políticas de Guillermo Moreno, pero con buenos modales. «En vez de papelitos de almacenero con números garrapateados, ahora discuten con planillas de Excel y sin insultos», dijo uno de los que padecieron por años al ex secretario de Comercio Interior.
Las medidas adoptadas hasta ahora no sólo han resultado ser insuficientes para, por ejemplo, detener la pérdida patrimonial del Banco Central. También abrieron brechas importantes en el elenco gubernamental. Es conocido que el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, no quería aumentar el anticipo de ganancias a los servicios turísticos en el extranjero. Es menos sabido que en el Banco Central tampoco querían saber nada. La profundización del cepo sólo llevó a volver a despertar el alza del dólar blue, a duras penas contenida. En el Central eran partidarios de crear una suerte de mercado libre, que claro, habría sido igual a la cotización del blue. Así, piensan, se terminaba la presión y se disminuía fuertemente el flujo de gastos en el extranjero. De paso, se hacía más atractiva la Argentina para los turistas extranjeros con el dólar a diez.
En el Gobierno acusan a Kicillof de ser el autor de la medida cuestionada, que probó no servir de mucho y que sólo volvió a despertar los nervios. En cambio, pareciera que hay más consenso en ponerles freno a la industria automotriz y a las armadurías de electrónicos en Tierra del Fuego, que en la visión de muchos son fuente permanente de drenaje de divisas. ¿Puede estar segura en su cargo la ministra de Industria, Débora Giorgi, que impulsó el retorno del régimen que creó el último gobierno militar y que ahora muchos oficialistas acusan de poner al país al borde de una crisis cambiaria?
En todo caso, pareciera ser que en el Ministerio de Economía no se ha delineado aún un plan integral. Las señales en el sentido correcto, como arreglar el desaguisado con Repsol y las deudas por laudos adversos en el Ciadi, parecen devoradas por la inflación que no se detiene y las tensiones en el mercado de cambios. Tal vez Kicillof ha renunciado al desdoblamiento cambiario porque guarda en la reserva el sapo más grande de todos, por las dudas: un acuerdo con el FMI que incluya desembolsos. ¿Para qué otra cosa se inventó el Fondo si no es para evitar con sus programas las consecuencias desastrosas de una crisis de balanza de pagos?
Pero los desaciertos no han sido sólo económicos. En la política la situación es muy delicada y el Gobierno parece haber evaluado muy mal el malestar social y cierto grado de descomposición social, del que no es ajeno el narcotráfico.
José Manuel de la Sota se vio sorprendido por la virulencia de la protesta policial y por los desbordes insólitos que ocurrieron. Cerca del mandatario muchos sospechan que estuvo todo orquestado. «Le habían concedido todo, menos los arreglos de dinero; el «Gallego» se subió al avión a las dos de la mañana y a las nueve la protesta se radicalizó y alguien dio piedra libre para los saqueos», dicen cerca del cordobés.
El escenario fue patético. De la Sota retornó en la noche a una Casa de Gobierno custodiada por militantes de base autoconvocados. El gobernador firmó el fuerte aumento resignado, pero descontando que pronto habría reclamos idénticos entre los otros cien mil empleados públicos provinciales que querrían lo mismo que los 20.000 policías. También descontaban que los reclamos saltarían a otras provincias. No se equivocaron en nada.
La certeza de que el narcotráfico y la trata están detrás de los gravísimos e inauditos saqueos ronda la cabeza de los funcionarios cordobeses y santafecinos. Si es así, hay otro actor político en la Argentina. Los dos gobernadores que desplazaron las cúpulas policiales sospechadas de corruptas y relacionadas con los traficantes ahora enfrentan desbordes preocupantes. Justo lo último que necesita un país desesperado por atraer inversiones que reaviven la economía y detengan el dólar.
De la Sota, como otros gobernadores, no tendrá, dicen los especialistas, más remedio que atender reclamos salariales y paralizar obras públicas. Ni siquiera eso garantiza que no haya un diciembre más caliente. «Ustedes deberían darle las gracias al «Gallego» de la Sota, que hizo que el desastre del conurbano no apareciera más grande en las noticias», dijo un especialista del sector eléctrico a funcionarios nacionales. Una tormenta dejó cuatro días sin luz a miles de usuarios en la zona sur. Y sin que hubiera autoacuartelamiento de la policía un intento de saqueo terminó con un muerto. La situación parece muy delicada.
En el sector empresario creen que el accidente que todavía mantiene internado a José Luis Gioja ha jugado un papel en el agravamiento de la situación. «La liga de gobernadores no es lo mismo sin él, que tiene buena llegada con Cristina», dicen. Pero en el PJ cordobés creen que el odio que se tienen De la Sota y Zannini desde la adolescencia también tuvo que ver. «Hace rato que sabemos que Cristina quiere intervenir la provincia y poner a cargo a [la rectora de la Universidad de Córdoba] Carolina Scotto», rumian con bronca.
Experimento fallido
Si fue así, el experimento no pudo salir peor. Los afectados en Neuquén, La Rioja y Catamarca son gobernadores leales a la Casa Rosada. Ya bastante preocupados estaban los petroleros que operan en la provincia por el lanzamiento del sindicalista del sector, Guillermo Pereyra, como candidato a suceder a Sapag. El actual mandatario es considerado un aliado de la actividad. ¿Lo será Pereyra también si se impone como gobernador? Tienen dudas. Y ya estaban inquietos antes de que explotara el reclamo salarial de los policías. En Neuquén están el petróleo y el gas con los que el Gobierno quiere atraer inversiones. Son su principal carta para salir de la crisis cambiaria y energética. Lo último que necesita es una desestabilización política en ese escenario. No es que los petroleros no estén acostumbrados a operar en terrenos difíciles. El tema es que a mayor riesgo, mayores deben ser las ganancias. Sin incidentes y sin solucionar el litigio con Repsol, parecía casi imposible atraer a alguien más que a Chevron con proyectos significativos.
Hay entre los funcionarios algunos espantados con el nivel de pérdida de reservas y muy disconformes con lo hasta ahora hecho por Kicillof. Ésta es una época de gran demanda de pesos, no de dólares. Por los pagos de sueldos y aguinaldos. «Y sin embargo -dicen- no paramos de perder reservas; en enero nos fríen», señalan para figurarse el momento en que muchos quieran cambiar sus aguinaldos por dólares.
El escenario de inseguridad es también preocupante. Erosionados por la creciente inflación, salarios y planes sociales alcanzan cada vez para menos. Los que cobran planes no recibirán aguinaldo, como ocurrió alguna vez. Y como dice el periodista Luis Beldi: «El aguinaldo de la marginalidad es el saqueo»..
Por Jorge Oviedo para La Nación
