La Rioja tiene cubierto el gasto en personal con solo el 50% de la coparticipación

La Rioja es una de las 16 de las 24 jurisdicciones provinciales que con los envíos automáticos de la Nación, conocida como coparticipación federal, tienen cubierto todo el gasto en personal, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), a través del informe económico “Paritarias de las provincias fuertemente condicionadas por su autonomía fiscal”.

De acuerdo a IARAF, que encabeza el economista Nadin Argañaraz, un 153% del gasto en personal está cubierto por envíos automáticos federales. O sea que representa solo el 50% de los fondos coparticipables mensuales que recibe la Provincia.

Mientras que es del 64% el porcentaje del gasto primario financiado por envíos automáticos federales para la Provincia. En ese sentido, el Instituto explicó que “el resultado de este indicador de dependencia económica provincial (o si se lo observa desde un punto de vista inverso,  de autonomía) respecto del nivel federal de gobierno, muestra que las diferentes provincias de nuestro país muestran un rango variado que va desde alta dependencia a una mayor autonomía”.

A su vez, es del 46% el porcentaje de incremento del gasto en personal, bajo el supuesto que se destina a gasto en personal todo el incremento del 30% interanual en coparticipación federal más el Fondo Federal Solidario (FFS).

Según el IARAF, se encuentra en discusión la situación de las finanzas públicas provinciales para el corriente año, la cual está directamente relacionada con lo que pueda ocurrir con la generación de ingresos en cada una de las provincias, y con la evolución de sus gastos, entre los cuales figura preponderantemente el gasto salarial.

En este informe se hace foco en una relación clave entre las principales variables de ingresos y gastos provinciales: por un lado la coparticipación y por el otro el gasto en personal.

En la Argentina coexisten provincias con niveles de recursos estatales más cercanos a los países desarrollados, junto con provincias con estados similares a los países pobres de América del Sur. La causa más profunda de estas desigualdades está asociada con niveles de desarrollo muy dispares de las provincias, pero también con el esquema de generación y reparto de los recursos fiscales vigente, que centraliza la mayor parte de los impuestos en la Nación y los distribuye luego a los niveles inferiores de gobierno a través de distintos mecanismos.

Los ingresos tributarios representan más del 80% de los ingresos totales para las provincias argentinas. Estos se componen básicamente de los recursos propios, y de los provenientes de la coparticipación federal de Impuestos, cuya fórmula fija se constituye como el primer factor determinante de las desigualdades en el financiamiento de las provincias. Sin embargo, por definición legal, la coparticipación tiene el carácter de automática, y los envíos a provincias se realizan diariamente en función de la recaudación de los impuestos que integran la masa coparticipable, independientemente del signo político del gobierno en la jurisdicción receptora.

La importancia de estos envíos puede medirse a través del porcentaje del gasto provincial que los mismos permiten financiar.

Un indicador relevante en la actualidad, es el ratio entre el gasto en personal y los ingresos nacionales automáticos que recibe una jurisdicción, entendiendo por tales a la suma de la coparticipación antes mencionada y el Fondo Federal Solidario, que si bien no forma parte del esquema legal de coparticipación, es también una transferencia automática y diaria en virtud de su instrumentación legal.

Este indicador da una idea de la restricción a la autonomía fiscal que posee una jurisdicción, puesto que si se destina una proporción elevada de recursos al pago de remuneraciones, se dispone de una menor cuantía de fondos para asignar a otros fines.

Cabe recalcar que el pago de sueldos y salarios es el principal gasto que llevan a cabo las provincias, fruto del tipo de funciones a cargo de este nivel de gobierno: educación, salud, y seguridad son todas actividades intensivas en el uso de fuerza laboral.

Evidentemente el ratio es presentado sólo a manera ilustrativa, puesto que las transferencias automáticas constituyen para las provincias un ingreso general, que como tal es utilizado para llevar a cabo los diferentes gastos en los que se embarcan los gobiernos provinciales, y no solamente el gasto en personal, que de todos modos constituye el principal gasto de este nivel de gobierno. Aun así, permite tener un elemento para analizar la heterogeneidad fiscal provincial, y uno de los principales factores para entender el diferente esfuerzo fiscal que los distintos niveles de gobierno deben afrontar para afrontar los aumentos salariales.

Tomando un caso hipotético extremo en que cada gobierno destinara todo el incremento en la coparticipación (más FFS) respecto al año anterior para destinarlo íntegramente a incrementar su partida de personal, los aumentos de este rubro oscilarían entre un 6% (CABA) y un 74% (San Luis), en un escenario en el que los fondos automáticos muestren en 2014 un incremento interanual del 30%, como lo hicieron el año pasado (escenario que según el dato de coparticipación de lo que va de 2014 luce como moderado).

Se insiste nuevamente en que el presente es un ejercicio hipotético, cuyo objetivo es señalar los diferentes grados de esfuerzo que tendrían que llevar a cabo las distintas provincias para otorgar incrementos salariales, y cómo los mismos están fuertemente correlacionados con la autonomía fiscal de cada provincia: mientras para las negociaciones algunos gobiernos provinciales pueden “sentarse” más cómodos sobre el aumento esperado de los fondos automáticos que gotean diariamente desde el nivel superior de gobierno; otros deben planear cómo financiar dichos aumentos con fondos propios y/o moderación en otras partidas de gasto.