Once juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar se realizan en la Capital Federal, Córdoba, Jujuy, Neuquén, La Rioja, San Luis, La Plata, Rosario y Mendoza, al cumplirse el próximo lunes 38 años del golpe de Estado. En la Ciudad de Buenos Aires continúa el proceso en el que son juzgados 68 represores de la dictadura, acusados de haber perpetrado 789 secuestros, hechos de tortura y homicidios en la ESMA. Entre los imputados se encuentran ocho aviadores navales y de la Prefectura, acusados por los «vuelos de la muerte», en los que se arrojaba prisioneros vivos al mar o al río de la Plata.
También en la Capital Federal sigue el juicio por delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor, el acuerdo de las dictaduras sudamericanas para perseguir a opositores políticos fuera de sus propios países. Ambos juicios se encuentran en el período de testimoniales.
En tanto, comenzó tras la feria judicial un nuevo juicio por delitos cometidos en el centro clandestino de detención «El Vesubio», a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4. En este proceso son juzgados cinco represores de la dictadura, por hechos criminales en perjuicio de 204 personas.
Asimismo, en Córdoba, continúa la etapa testimonial del juicio por la megacausa “La Perla”, que involucra a 417 víctimas y tiene ahora 52 imputados, entre ellos el multicondenado genocida Luciano Benjamín Menéndez, y que lleva más de un año.
En Jujuy, también sigue siendo juzgado Menéndez, un ex interventor del Servicio Penitenciario provincial y cinco guardiascárceles, por secuestros, torturas y desapariciones.
En Neuquén, continúa el tercer juicio por delitos cometidos en esta provincia y que tiene en el banquillo de los acusados a cinco represores de la dictadura, dos de los cuales permanecieron prófugos de la Justicia durante varios años.
En La Rioja se sigue juzgando también al citado Menéndez y al comodoro (RE) Luis Fernando Estrella, por el asesinato del Obispo de La Rioja Enrique Angelelli, consumado el 4 de agosto de 1976.
En San Luis, continua el proceso que comenzó el 5 de noviembre pasado y en el que son juzgados 29 de represores, entre ellos Menéndez, por los hechos ocurridos en Villa Mercedes, Luján, La Toma y la ciudad de San Luis, en perjuicio de 11 militantes que resultaron víctimas de desaparición y asesinato, así como 25 detenidos políticos que sufrieron privación ilegítima de la libertad seguida de tormentos y torturas.
En tanto, continúa el juicio a 18 militares y policías, entre estos últimos Miguel Etchecolatz, y tres civiles, por el secuestro y tortura de detenidos alojados en el centro clandestino La Cacha, ubicado en las afueras de La Plata. En este juicio se ventilan las detenciones ilegítimas de unas 128 personas, entre ellas Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela Barnes de Carlotto; y la privación ilegítima de la libertad de Antonio Bautista Bettini, padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino en España.
Tras la feria judicial, comenzó a cargo del Tribunal Oral Federal 2 de Rosario un juicio por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 43 víctimas, en el que serán juzgados nueve represores de la dictadura. Se trata de un desprendimiento de la causa «Díaz Bessone» (Ex Feced).
En Mendoza, en tanto, 41 imputados, entre los que se encuentran los ex jueces Otilio Romano y Luis Miret, comenzaron a ser juzgados a partir del 24 de febrero en lo que constituye un megajuicio muy relevante, debido a la cantidad de funcionarios judiciales procesados.
Por otra parte, continúan por escrito, al sustanciarse por el viejo Código Penal, un juicio por apropiación en la Capital Federal y otro en Entre Ríos por la causa «Área Paraná».
Finalmente, el pasado lunes, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires comenzó a evaluar el desempeño del juez Federal de Mar del Plata Pedro Federico Hooft, suspendido en sus funciones por estar acusado de participar en delitos de lesa humanidad.
Hooft, imputado en delitos de lesa humanidad en una causa que le iniciaron el secretario de Derechos Humanos de la Nación Eduardo Luis Duhalde, organismos de Derechos Humanos y organizaciones políticas, había sido suspendido en marzo del año pasado por el Jurado de Enjuiciamiento.
