Disculpen el desorden, y eso que yo soy el más ordenado de la familia», bromea Eduardo Menem mientras acomoda los papeles de su despacho, en sus oficinas frente a plaza Lavalle. El menor de los hermanos que condujeron el país durante más de una década defiende con énfasis su rol en la Convención Constituyente, que hace dos décadas autorizaba a su hermano Carlos a buscar un nuevo período presidencial. Cerca de un cuadro en el que aparece, lapicera en mano y sentado en la presidencia de aquella convención, el ex senador reconoce que varias de las iniciativas allí sancionadas «quedaron desvirtuadas» por el kirchnerismo. Asegura que «sin reelección también hubiera habido reforma», y califica las modificaciones como «las más democráticas de la historia».
-Pasaron veinte años y todavía se critica el acuerdo de su hermano con Alfonsín, que permitió la reelección?
-La reforma constitucional nunca tuvo buena prensa. Pero no es de ahora: siempre las reformas constitucionales en nuestro país han tenido una trayectoria muy traumática. En la Constitución de 1853 no estaba la provincia de Buenos Aires, la de 1949 fue derogada por el golpe de 1955, la del 57 fue convocada con proscripción del peronismo y se alcanzó a sancionar un solo artículo. Los golpes militares también cambiaron cosas que caducaron cuando se fueron.
-¿Y la de 1994 entonces?
-Fue legítima en la etapa preconstituyente, en su integración con elecciones transparentes, en su funcionamiento. Todos participaron, incluso los que fueron a votar en contra tuvieron el mismo tiempo para decir lo suyo que quienes fueron a apoyarla. Fue la única reforma que no tuvo portazos, salvo el de Jaime de Nevares, que se fue al principio, casi no participó.
-¿Esto lo hizo el entonces presidente para eternizarse?
-A la reelección le dieron una trascendencia que no tenía. Por supuesto que estaba entre los temas a tratar, pero no era un invento. El Consejo para la Consolidación de la Democracia que formó [Raúl] Alfonsín fue un antecedente de muchas de las decisiones que se tomaron, y no escuché tantas quejas cuando en 1972 se aprobó el estatuto del gobierno militar con el que se llevaron adelante las elecciones al año siguiente.
-Dígame la verdad, ¿sin reelección hubiera habido reforma igual?
-Sí, claro, porque la reforma venía? El Consejo que formó Alfonsín era un intento de reforma bastante fundado. En ese organismo entrevistaron al entonces gobernador Menem, quien se pronunció abiertamente a favor de la reelección presidencial. Y estamos hablando de mucho antes de su candidatura, allá por 1985 o 1986. Además, el peronismo siempre estuvo a favor de la reelección presidencial.
-¿ El saldo fue positivo?
-Claro. Lo que no dicen muchos de los críticos es que se acortaron los mandatos de seis a cuatro años y se hizo más democrática, al quitar la exigencia de ser católico apostólico romano para ser presidente. Era un requisito confesional inadmisible a esa altura de los tiempos.
-¿Qué otros avances destacaría?
-La ampliación del espectro de los derechos de segunda y tercera generación y la mayor participación. Se agregaron todos los pactos internacionales sobre derechos humanos firmados por la Argentina. Además, en el artículo 43 se agregó la acción de amparo, el hábeas corpus, el hábeas data, y agregamos el derecho al secreto de las fuentes de información periodística. Ésta fue nuestra respuesta a las críticas que recibió esta reforma (se sonríe).
-¿La figura del jefe de Gabinete fue útil para el sistema?
-Fue una de las instituciones que no funcionaron de acuerdo con lo previsto. La idea era lograr un punto intermedio entre el sistema parlamentarista y el presidencialista, que fuera un punto de contacto y desconcentrara las tareas presidenciales, con amplias facultades de administración, y se pensó que podía servir en las crisis. No sirvió en 2001 y hoy el jefe de Gabinete ha pasado, en los hechos, a ser un ministro más. La culpa la tienen el presidente, que no lo deja cumplir su misión, y el Congreso, que tiene el derecho de censura y remoción si así lo considera.
-También se establecían las bases para una nueva ley de coparticipación?
-Es una deuda pendiente. Si la incluíamos en el texto constitucional no íbamos a terminar nunca. Era más difícil eso que reformar la Constitución. Aun así, el reparto era mucho más balanceado que ahora, donde el Gobierno se queda con el 75% de los fondos y les da a las provincias el 25 por ciento.
-¿Qué quedó pendiente?
-No podíamos apartarnos del núcleo de coincidencias. ¡Antes de la reforma se decía que los peronistas íbamos a sancionar la reelección y nos íbamos a ir! Teníamos que ser muy cuidadosos. Otras iniciativas han sido desvirtuadas: la aprobación de los DNU y la integración del Consejo de la Magistratura.
-O sea que quedó conforme?
-Nunca dije que se sancionó una ley perfecta, que no existe en el mundo. Pero es la reforma más democrática que se hizo, más que la de 1853, porque ahí eran convencionales que no siempre representaban a sus provincias, los «alquilones», como los llamaba Sarmiento.
