A priori, envalentonados, la solicitud formal que llevaban bajo el brazo los gobernadores de Mendoza, San Juan, La Rioja y Salta era la de suspender el 5% de retenciones a las exportaciones para ayudar a una vitivinicultura maltrecha, al menos hasta la vendimia 2015. Pero en la reunión mantenida con el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, nada de eso se habló: sí, en cambio, del compromiso de crear un Observatorio de precios y costos, y de la necesidad de que la Nación aporte fondos para subsidiar la exportación de vino a granel y la destilación, las ideas expuestas para descomprimir al menos 3 meses de stocks vínicos.
Según el diario mendocino Los Andes, de todos modos, no hubo respuesta del Gobierno nacional, que convocó nuevamente a los mandatarios provinciales y sus equipos para tomar una decisión al respecto el martes 7. De esa reunión, según especulaban los funcionarios presentes ayer, debería salir la respuesta al cómo y cuánto aportará para «sacar” del mercado lo antes posible más de 300 millones de litros excedentes que presionan sobre los precios.
Del encuentro, participaron el gobernador Francisco Pérez, el ministro de Agroindustria, Marcelo Costa, y el subsecretario de Industria, Martín Hinojosa, junto a los mandatarios de Salta, Juan Urtubey, de La Rioja, Luis Beder, y de San Juan, José Luis Gioja. Durante el mismo, se plantearon tres líneas de acción: promover la exportación de vino a granel con un reintegro de costos logísticos, la emisión de un certificado por el producto que se destine a destilar que sirva como crédito fiscal y un monitoreo de precios y costos.
En números del último año, la industria aportó en retenciones unos U$S 55 millones. El recupero de esos fondos era la apuesta de las provincias en los días previos “y por el total, según se consensuó entre los gobernadores, manteniéndolo hasta pasada la cosecha 2015 como lo ideal.
Pero en realidad, todo lo que se pretende apunta a recortar stocks”, reconocía antes de la reunión en Buenos Aires y tras un encuentro con representantes del sector mostero el director de Vitivinicultura, Daniel Gallardo. Pero el tema nunca se puso sobre la mesa, como tampoco el TIVI (Título Vitivinícola), otro proyecto que a pedido del Ejecutivo mendocino estructuró el Mercado de Valores hace un par de meses, por ahora sin avances ante al falta de fondos.
Al respecto, sólo se discutió la chance de abrir una ventana para créditos a tasa subsidiada del Banco Nación para comprar vino.
Compás de espera
A la propuesta de un “bloqueo técnico” de existencias lanzada por el INV en los días previos, sin demasiado eco hasta aquí de las entidades empresariales, ayer se sumaron otros ejes. “Cómo trabajar sobre los stocks y la necesidad de fomentar la exportación y, desde ahí, medidas para apoyar al pequeño productor.
Fue una reunión bastante operativa, en la que cada provincia describió su situación en cuanto a volúmenes y el panorama del comercio exterior, con la superproducción de España, entre otros aspectos”, resumió el subsecretario Hinojosa.
Todo quedó condensado en un informe que el equipo técnico de Agricultura tiene en su poder hasta el próximo encuentro, previsto para el martes 7.
Allí también se dejó sentado como alternativa que le dé oxígeno a las finanzas de los exportadores para acelerar el cobro de reintegros por parte de la AFIP, un viejo reclamo.
Y la intención de darle forma a un Observatorio de Costos y Precios Vitivinícolas ideado entre Mendoza y San Juan, que refleje los valores de referencia a considerar, integrado por los Gobiernos provinciales y las entidades gremiales empresarias. Una iniciativa que encastra con un acuerdo preliminar entre algunas de las grandes bodegas y el secretario de Comercio, Augusto Costa: atar cualquier aumento de precios en la góndola a que el productor primario reciba el mismo porcentaje.
Por su parte, el ministro de la Producción de San Juan, Marcelo Alós, calificó de “bueno” el balance de la reunión, “porque se acordaron medidas coyunturales que se van a operativizar en los próximos días como promover las exportaciones, la decisión de destinar excedentes a la obtención de alcohol o bioetanol”. El funcionario mencionó otras medidas de mediano plazo, consistentes en ampliar facultades al INV para una mayor regulación para modificar la fecha de liberación y limitar viñedos.
Tres años sin señales
La última vez fue la aplaudida declaración del vino como Bebida Nacional, en 2011. Antes, la otra gran ocasión favorable para la vitivinicultura había sido en 2009, cuando la presidenta Cristina Fernández se comprometió a recortar (y devolver) la mitad del 5% en concepto de derechos de exportación para favorecer a los pequeños productores.
Desde entonces, hubo muchas promesas y pocas concreciones para la industria del vino. En un año particularmente difícil, se esperan señales por parte del Gobierno. Lo más palpable fue la decisión de intervenir con la compra de uva y de vino, y hasta subsidiar U$S 0,05 por litro exportable. A la luz de los acontecimientos, sin fondos suficientes ni la esperada reacción del mercado.
Ahora, más enunciados. Primero fue el Título Vitivinícola, que duerme en la Legislatura. “Vamos a pedir que se suspenda el cobro de retenciones”, fue una de las consignas que en los últimos días se le escuchó al mandatario en los días previos a la reunión de ayer en Buenos Aires. Pero del dicho al hecho hay un trecho y desde los despachos de quienes toman decisiones en Buenos Aires demuestran no conocer mucho de las economías regionales.
Mientras desde la Nación baja la promesa de armar “mesas de trabajo” y análisis -más análisis- a otros pedidos (agilizar el pago de reintegros e incentivos a la exportación, control de precios, fondeo para la destilación de volúmenes). Por su parte, aún unidas, el conjunto de provincias vitivinícolas tampoco demuestra el poder de lobby necesario en un contexto que exige prontas señales positivas después de tres años.
