El juego entre el Estado y sus proveedores es conocido y aceptado desde tiempos prácticamente inmemoriales: el primero demora unos meses en pagar y los segundos “inflan” sus precios justamente por este motivo.
En la actualidad, y según una encuesta realizada por la consultora Evaluecon, en casos extremos, puede ampliarse a un año mientras que, en otros, reducirse a tres o cuatro meses. Esta situación redunda en un financiamiento barato -que no ajusta por inflación ni por variación del dólar como los bonos de deuda- para el sector estatal.
El sondeo, además, mostró el estado de otras nueve provincias dentro de las cuales Mendoza comparte una suerte de tercer lugar junto con Chaco luego de Santa Cruz y Córdoba; con 10 y 9 meses de atraso en el pago a sus proveedores, respectivamente. Le siguen Catamarca y Tucumán (7), Buenos Aires y Formosa que registrarían 6 meses de demora, Santa Fe con 5 y, por último, La Rioja (4).
En este contexto, y de acuerdo con el estudio, sólo estas diez provincias acumularían $ 10.000 millones en financiamiento vía proveedores.
La deuda flotante -como se denomina a la mora con quienes le venden al Estado- reconocida por el gobierno es de 800 millones de pesos.
En este contexto, se necesitan $ 7.800 millones para llegar a fin de año al tiempo que la provincia estima contar con “ingresos seguros” por $ 7.000 millones.
Para cubrir el faltante y financiar algunas obras, la próxima semana comenzará a gestionarse un nuevo bono en dólares y pagadero en pesos por $ 1.800 millones. Dadas las condiciones del mercado de capitales al que deben acudir tanto la Nación como la mayoría de las provincias, es probable que se logre un bono mucho menor.
Sin créditos de por medio
José Vargas, economista y director de la consultora Evaluecon, explicó que durante setiembre se realizó una encuesta al 40% de los proveedores de las provincias mencionadas para elaborar el listado y el promedio de mora.
“Aunque desde el Gobierno se reconoce un retraso de 60 días, lo cierto es que -según los proveedores- la demora es de 8 meses y hay quienes declaran hasta un año”, relató Vargas.
Precisó que el pago suele ser más fluido a quienes venden insumos básicos como material hospitalario, meriendas para las escuelas, material para el funcionamiento administrativo, entre otros, pero que en líneas generales las facturas impagas datan de bastante tiempo más.
Off the record, distintos proveedores admiten retrasos que van desde los 8 meses mencionados por Vargas a 4 meses, sin perspectivas de recibir el pago en el corto plazo.
De este modo, los proveedores terminan financiado al Estado, algo que en tiempos de inflación alta agrava la situación del sector privado. No sólo por todo lo que se pierde vía menor valor del peso sino porque para poder recibir su orden de pago (que luego puede tardar meses en convertirse en realidad), deben estar al día con sus impuestos -de por sí altos en el contexto actual- lo que termina creando problemas financieros extra en muchas empresas.
Por su parte, Sebastián Laza -también economista- reconoció que la deuda flotante siempre ha existido y seguirá haciéndolo por lo que es común que los plazos de la misma se manejen de la manera más conveniente para el deudor. “Es la forma más fácil de financiarse ya que no implica pedir un crédito con todas sus formalidades sino que simplemente se atrasan los pagos, a los fines de “calzar” ingresos con egresos”, detalló Laza.
Más allá de esta situación naturalizada, lo cierto es que cuando el ciclo económico viene flojo y la recesión resiente las finanzas públicas, el atraso suele llegar hasta un año.
Sobreprecios
En una suerte de círculo vicioso, y desde el punto de vista de Garro, este desfinanciamiento privado a favor del Estado repercute en menores inversiones por parte de los empresarios. En muchos casos, esta política genera costos adicionales a las firmas debido a que -según admiten los contadores- las empresas deben salir a endeudarse para seguir operando y cubrir los descubiertos que los retrasos generan en sus cuentas corrientes.
Al hacer un cálculo aproximado, Garro estima que se podría sumar la tasa promedio mensual de inflación -que él estima en 40% anual- durante los 8 meses que se adeudan, lo cual le da un 27,2% a favor del Estado. Se trata del porcentaje que éste termina pagando de menos en términos reales.
En un contexto de demoras, es común que quienes prestan servicios o le venden al Estado pongan precios más altos que los que se manejan en el mercado. De acuerdo con Laza, los proveedores saben que están vendiendo financiado y en consecuencia se protegen para, al menos, cubrir su costo de oportunidad de capital. “Hay una tasa de interés implícita que debe estar por el 4% mensual, alrededor del 48% anual lo que es acorde al mercado de hoy”, evaluó Laza y aclaró que se trata de cálculos gruesos que sirven para ejemplificar la situación.
En esta línea, es probable que buena parte de las compras estatales tengan un sobreprecio aproximado de 32%, cifra que saldría de multiplicar el mencionado 4% por los 8 meses.
En tanto, para Vargas, esta especie de sobreprecio se diluye cuando el atraso supera los 60 días y las firmas deben reponer su materia prima o bienes.
