El gobernador habría dispuesto entregarle el control de la empresa de energía eléctrica EDELaR SA, transformada en una virtual SAPEM, al ex juez del Tribunal Superior de Justicia, Ángel Ávila, tras haber detectado gravísimas anormalidades.
Luis Beder Herrera además habría dispuesto pedir el paso al costado de la mayoría de los integrantes de los cargos claves en la empresa energética, a raíz de un desfalco por $300 millones.
A través del Boletín Oficial, se conoció que Ávila reemplazó al ex secretario general de la Gobernación, Roberto Catalán, en la empresa estatal Energía Riojana SA, vinculada a la firma estatizada.
Un abogado, hijo de un ex juez del viejo Tribunal Superior de Justicia, relacionado al ex senador Eduardo Menem, sería quien llevaría adelante una causa en los fueros federales, ya que estaría relacionada a la compra de energía del sistema nacional.
La investigación se habría iniciado a raíz de la denuncia de una reconocida empresa multinacional, radicada en La Rioja, que tenía beneficios en el pago del suministro, a través de descuentos por el alto consumo, aunque esa diferencia no habría ingresado a las arcas de la empresa.
Según se pudo saber, pese al hermetismo sobre lo que ocurre dentro de la firma, es que por los menos tres directores de EDELaR SAPEM habrían sido desplazados para que queden a disposición de la justicia. Se trata de directores no políticos, conocidos por casi nadie de la sociedad, aunque por sus manos pasaba el manejo de la empresa que mueve millones de pesos mensuales.
El propio empresario, que luego se habrían sumado otros, habría pedido una audiencia con el mandatario provincial. Eso desencadenó un cimbronazo dentro del Ejecutivo, ya que los directores desplazados, con bajo perfil, tendrían relación además con la clase política.
Dentro de la empresa desconocen el trascendido periodístico que cobró fuerza en las últimas horas y en el gobierno ya lo hablan, pero con poco fundamento sobre el desfalco (Tomar para sí un caudal que se tenía bajo obligación de custodia).
Lo cierto es que sería el propio gobernador quien se habría puesto al frente de la causa judicial, con el propósito que se esclarezca el hecho, y de comprobarse, avanzar contra los miembros de la empresa, hoy transformada estatal.
