El arco oficialista salió a responder la denuncia (de 300 hojas) que imputó a Cristina Fernández de Kirchner por «encubrimiento» de sospechosos del atentado de la AMIA.
Los del bloque de diputados K, fueron los primeros en descalificar la investigación del fiscal Nisman en la imputación a la mandataria, entre otros funcionarios. «Es poco sustanciosa la denuncia», expresaron y apuntaron a la oposición por «usar este hecho escabroso y lamentable».
«Es poco sustanciosa la denuncia presentada y por eso nosotros estábamos preparados para hacerle muchas preguntas al fiscal. Alguien le dio información falaz al fiscal y Nisman le tenía muchísima confianza a esa persona», subrayó Juliana Di Tullio, titular del bloque. Señalaron que «lo importante es la descripción de la denuncia que está basada en supuestos, recortes periodísticos, interpretaciones libres de un fiscal que parece no tener una sustancia, ni ninguna prueba contundente».
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, manifestó que al Gobierno le «dolió enormemente» la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman a la Presidenta. Remarcó que «la acción del Poder Ejecutivo es transparentar y dar garantías» para que siga el curso legal de la presentación judicial. «La Presidenta tomó esta decisión para ir en búsqueda de la verdad, para no quedarse de brazos cruzados», sostuvo y reivindicó: «Está claro que la acción del Poder Ejecutivo es transparentar y dar garantías de que esa denuncia, que tan mal nos incriminaba al conjunto de los hombres y mujeres del Gobierno, del fiscal Nisman, tenga toda la garantía que se lleve adelante sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de problema», sentenció.
La diputada nacional Griselda Herrera, del kirchnerismo de La Rioja, advirtió ayer: «No está nada comprobado. Solamente son los dichos de un fiscal. Se discutirá y analizará», en referencia a las acusaciones de Nisman contra la presidenta Cristina Fernández, el canciller Héctor Timerman y otros dirigentes oficialistas por el armado de un supuesto plan para desvincular a Irán del atentado a la AMIA.
El secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, aseguró ayer que tanto Ramón «Allan» Héctor Bogado como Héctor Yrimia, mencionados en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman como presuntos espías, son «vendedores de influencias, chantas que venden un cuento».
Tanto el funcionario como el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, hicieron especial énfasis en ratificar la posición de la Secretaría de Inteligencia, que negó que esas personas acusadas de negociar la impunidad de exfuncionarios iraníes involucrados en la causa AMIA formaran parte del organismo.
«Se habla de una doble SIDE. De la SIDE que representa Stiuso y de la otra que representan Bogado e Yrimia. ¿Quiénes son Bogado e Yrimia?: dos vendedores de influencias», enfatizó Fernández.
Escarnio público
La semana pasada, cuando el fiscal Alberto Nisman hizo pública la imputación a la presidenta Cristina Kirchner y al canciller Héctor Timerman, recibió muy duros ataques de parte del oficialismo. Se apuntó al descrédito del magistrado de una manera brusca. Diana Conti, la diputada kirchnerista le advirtió a Nisman que el oficialismo iba a ir con «los tapones de punta» al Congreso, el lunes pasado, que es cuando estaba citado a declarar, pero apareció muerto horas antes. «Le decimos a la hija de Nisman que se quede tranquila que no vamos agredir ni insultar a su papá», agregó Conti.
El secretario de Seguridad, Sergio Berni, le adelantó a los medios que sería un «gran papelón» el que Nisman iba a protagonizar en la Cámara de Diputados, mientras que el secretario de la Presidencia, Aníbal Fernández declaró el sábado 17 de enero: «será tan pobre, tan mala, de pésima calidad, tan insensata, que se va a ver en figurillas para explicarle a los diputados qué es lo que hizo».
La Iglesia Católica manifestó conmoción
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó ayer su «conmoción, perplejidad e
incertidumbre» por la muerte del fiscal Alberto Nisman y pidió «superar las sombras de impunidad que dañan la salud de la democracia». Los obispos advirtieron que confían en las «instituciones de la República» para el esclarecimiento de la muerte e hicieron «un llamado a las autoridades y a toda la dirigencia política» para que pongan ‘todo el esfuerzo, honestidad y capacidad investigativa, para alcanzar la verdad, única base de la Justicia».
Agregó el comunicado que «enfrentar estos desafíos confiando en las reservas morales y en los profundos valores que son el sustento de la convivencia, porque la falta de verdad despierta profunda desconfianza y daña el tejido social».
