A raíz del revuelo sobre el uso de políticas del Estado en beneficio de familiares, la Ley de Ética Pública establece: “Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa”, según el artículo 2°.
De esa forma, se acaba la discusión debido que los familiares no pueden ser beneficiados con licitaciones del Estado.
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