El diputado nacional presentó un proyecto para que el Banco Central informe sobre las operaciones de las autoridades provinciales para quedarse con las acciones privadas del Banco Rioja. «Queremos saber si existe una autorización de transferencia de acciones», explicó.
“No estamos defendiendo al Banco. Se trata de una entidad privada que debe hacerse responsable de sus acciones. A nosotros nos interesa lo que se hizo con los fondos públicos, y cuál va a ser el destino de esta entidad que debe ser la herramienta de crédito e inversión de los riojanos”, dijo el diputado Héctor Olivares al referirse al pedido de informe presentado en la Cámara de Diputados, por el escandaloso proceso de expropiación del paquete accionario en manos privadas de la entidad.
Pedido de informe
En el proyecto de resolución, el legislador de Fuerza Cívica solicita que el Poder Ejecutivo Nacional informe, a través de los organismos que correspondan, si el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el marco de lo establecido por los artículos 4° y 7° de la Ley N° 21.526 de Entidades Financieras, autorizó una transferencia de acciones del Nuevo Banco de La Rioja SA desde el Banco Santiago del Estero SA y la provincia de La Rioja.
También si la Unidad de Información Financiera (UIF) recibió, durante 2014 y 2015, Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por parte del Nuevo Banco de La Rioja (NBLR), y en caso de una respuesta afirmativa al interrogante anterior, eleve listado completo de los mismos, detallando CUIT y números de las cuentas bancarias involucradas, y monto de cada operación reportada.
En los fundamentos del proyecto, el legislador explica que “el NBLR sigue siendo una sociedad anónima comercial, no una sociedad del Estado, y la expropiación aprobada en la Legislatura provincial tiene vicios en el procedimiento, porque no se determinó cuál es el valor de las acciones que se están expropiando, ni cuál es el mecanismo para la tasación, lo cual expone aún más el patrimonio del Estado provincial.
“Haciendo un ejercicio de memoria, nos encontramos que, el 3 de julio de 1991, el mismo Beder Herrera, entonces Gobernador interino, liquidó y privatizó el mismo banco con argumento diametralmente opuestos. Legítimamente tenemos derecho a dudar sobre el verdadero objeto de la expropiación; intuimos una pantalla de impunidad, lo cual nos obliga a interpelar a los organismos nacionales con competencia en este tipo de actuaciones”, señala el proyecto.
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