El gobierno riojano anunció que el Banco Central avaló la expropiación de las acciones que dispuso la provincia sobre el Banco de Santiago del Estero, último dueño de la casa de crédito riojana, con lo que la administración se convirtió en la única propietaria del Nuevo Banco de La Rioja.
El ministro de Hacienda riojano, Ricardo Guerra, informó que el BCRA autorizó la operación de expropiación del 70 por ciento de las acciones que el Banco de Santiago del Estero tenía en el Banco de La Rioja, definida por una ley aprobada sobre tablas en la Legislatura provincial.
De ese modo, la normativa terminó cinco años antes de lo previsto con la sociedad que el Estado riojano mantenía con el Banco de Santiago del Estero, propiedad del grupo Ick.
Guerra notificó anoche al directorio del Nuevo Banco Rioja, con mayoría de los ex socios privados, que por disposición 247 del BCRA la expropiación no fue objetada y por ende seguía en curso la adquisición dispuesta por la Legislatura provincial.
El anuncio fue realizado en la sede central de la entidad bancaria y acompañaron a Guerra los integrantes del nuevo directorio, en representación del Estado, indicaron fuentes del gobierno.
«Después de cumplir con todos los pasos legales y reglamentarios establecidos por las normas del BCRA, la legislación provincial y la ley de entidades financieras, podemos decir que el Nuevo Banco de La Rioja es propiedad de la provincia», dijo Guerra.
El funcionario advirtió que aunque en el futuro se busquen otros socios privados, «nunca más la provincia será minoritaria» en la administración de la banca.
El gobierno riojano «contó con la colaboración y la hombría de bien de la gestión saliente para realizar los arqueos y relevar la documentación sensible correspondiente en estos casos», aclaró. Asimismo, aseguró que el lunes el Banco «abrirá normalmente, con todo su personal».
Respecto de la retribución que se le pagaría al Banco de Santiago del Estero, indicó que la Justicia riojana «define el justo precio que los antiguos dueños pretenden», aunque recordó que el Estado interpuso una demanda por daños por el supuesto incumplimiento de la cláusula que preveía disponer del 25 por ciento de la capacidad prestable al fomento de la producción.
La demanda por daños es por 600 millones de pesos, aunque el directorio anterior denunció que en los últimos meses hubo operaciones sospechosas de lavado de dinero público a través de ONG’s por 570 millones de pesos.
El nuevo directorio está integrado por Angel Avila como presidente, ex integrante del Superior Tribunal de Justicia; el ex juez Carlos Grimaux como vice, y Fernando Bazán como director y gerente general, entre otros funcionarios.
Guerra explicó que la expropiación «es consecuencia» de una «decisión política» del gobernador Luis Beder Herrera» tendiente a «la movilización de los sectores productivos de la provincia» y la generación de trabajo.
Asimismo, detalló que en la provincia se suman al mercado laboral «unas 2.500 personas» por año, «en general jóvenes», por lo que es «un desafío para el gobierno poder generar empleo».
