Agro Aceitunera y El Benteveo: Manzur tiene «invertidos» casi $20 millones en La Rioja

El candidato del frente opositor Acuerdo por el Bicentenario, José Cano (UCR), aseguró que con “[Juan] Manzur nos diferencia absolutamente todo”, refiriéndose al candidato del oficialismo que se impuso en las elecciones del domingo último por el 54,42% de los votos contra 40,76 por ciento. Al respecto, argumentó: “Hoy Manzur es el ministro más rico de la década kirchnerista”.

Según Chequeado.com, el ministro del Poder Ejecutivo Nacional con mayor patrimonio declarado en 2014 fue Juan Manzur, que lideró el Ministerio de Salud de la Nación hasta febrero de este año para ser candidato a gobernador de Tucumán por el Frente para la Victoria (FpV). Declaró bienes, depósitos y dinero a final del año por $23 millones y una deuda por $7 millones, lo que da un patrimonio neto total de 16 millones de pesos.

“En la última declaración jurada impacta la compra de Nucete, que el funcionario presenta como dos empresas distintas: Agro Aceitunera SA (establecimiento fabril) y El Benteveo SA (finca). Su participación accionaria es de $15.868.945 en el primer caso y de $2.572.660 en el segundo”, señalan los periodistas Irene Benito, Indalecio Sánchez y Fernando Stanich, en su libro A su salud, donde cuentan la historia de Manzur, para explicar el principal aumento patrimonial del ex ministro de Salud en el último año.

Al mismo tiempo, Manzur declaró en su última declaración haber reducido sus inmuebles: al comenzar el año informó 28 propiedades (tres casas, 17 lotes, un local, tres departamentos y cuatro cocheras), pero al cierre informó sólo tres, dos casas en Tucumán y un local en la provincia de San Juan. Sin embargo, y al igual que en otras declaraciones anteriores, como la de 2013, el médico declara 18 inmuebles con valor 0 pesos.

Cuando, este año, en una entrevista en el diario La Nación le preguntaron por estas 18 propiedades, Manzur respondió: “En 2011 hubo un cambio en la ley y se modificó la presentación de las declaraciones juradas y se empezaron a tomar los datos sobre la rendición de cuentas que uno realiza ante la AFIP. Este organismo le informó a la Oficina Anticorrupción sobre propiedades que yo había vendido con anterioridad, entre 2006 y 2009, pero que ya no formaban parte de mi patrimonio. Entonces, se puso el valor de $ 0”.

Sin embargo, “si dependiera del sistema AFIP, y los datos los toma de declaraciones de bienes personales, es en extremo improbable que continúen a su nombre, ya que las declaraciones se hacen año a año, y si las vendió, tuvo que haberlas dado de baja -explicó a Chequeado Marcelo Giulliti Oliva, especialista del área de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), organización dedicada -entre otros cosas- al análisis de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, y agregó- Además, en la propia declaración jurada no figura en ningún momento que las propiedades hayan salido del patrimonio, sólo figura fecha de ingreso”.

Para analizar el patrimonio, además del monto total, es útil analizar su variación en el tiempo. La evolución patrimonial de Manzur entre 2013 y 2014 mostró un aumento del 18% y no fue el ministro del Ejecutivo que mostró el mayor crecimiento en el último año. Ese ranking es encabezado por Lino Barañao (+217%), Alicia Kirchner (+107%), Axel Kicillof (+47%), Julio De Vido (+37%) y Cecilia Rodríguez (+35%).

Más allá de los datos oficiales, las declaraciones juradas que los miembros del Poder Ejecutivo Nacional entregaron ante la Oficina Anticorrupción por su actividad en 2014 exhiben ciertas curiosidades, como el caso del ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman. Según los datos de su declaración jurada, el Canciller perdió un 77% de su patrimonio durante el último ejercicio: pasó de $3 millones a 700 mil pesos.

El nuevo formulario con el que se publica la información en la OA no permite tener el nivel de detalle que tenía el sistema anterior de publicidad de las declaraciones juradas.

Esto es resultado de la Ley 26.857, impulsada por la Presidenta y aprobada en mayo de 2013, que cambió la regulación. Algunos de los datos que se perdieron y volvieron opacos son clave, como los bienes e ingresos de los cónyuges y los ingresos que un funcionario recibe por otras actividades, algo que permitía detectar posibles conflictos de interés con ocupaciones externas, como consultorías.

“Lo poco que queda para analizar posibles conflictos de interés son las participaciones en sociedades o las deudas que tienen”, señaló en este chequeo el diputado de la UCR Manuel Garrido, quien estuvo a cargo de las investigaciones de la Oficina Anticorrupción entre 1999 y 2002, y luego fue Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas.

Además, vale la pena aclarar que todas las declaraciones juradas contienen, como exige la ley, los valores fiscales de las propiedades, que suelen estar muy por debajo de la cotización de mercado. Esto explica los bajos patrimonios de algunos funcionarios.