Alejandra Oviedo sufrió el reto del gobierno que se viene en la provincia. La titular de la bancada justicia fue desautorizada para tratar sobre tablas el proyecto de ley de coparticipación municipal.
Fue claro el gobernador electo Sergio Casas a la hora de decir que sin consenso, todo seguiría igual. Casas habló casi a la misma hora de las quejas del intendente electo capitalino Alberto Paredes Urquiza, que ponía acento que se dejaba en una difícil situación financiera al principal departamento de la provincia.
El proyecto de ley de coparticipación municipal -que fue notificado a los intendentes y diputados electos como salientes, a través del diario- fue el «conejito de India» de lo que se vendrá en la provincia: diálogo y consenso en el momento de tratar de normas que trascienden los gobiernos.
Por este motivo, el entusiasmo de la chepeña se desvaneció en las «dulces» palabras del vicegobernador (gobernador electo) que pretende los menos problemas en su administración, más que el gobierno nacional no sería del mismo signo político que el provincial.
Ante ello, los legisladores y jefes comunales se quejaron debido que no se conoce el desagregado de la ley de leyes (presupuesto provincial). Solo se sabe de lo macro, pero no de los detalles: como el financiamiento de las SAPEM, que cerraran aquellas que sean deficitarias para el Estado.
En ese marco, Paredes Urquiza convocaría a una audiencia pública para que todos los actores de la sociedad discutan y conocen la letra fina de la ley de coparticipación municipal, que había sido una bandera de Ricardo Quintela, un intendente en retirada.
El jefe comunal capitalino electo puso el grito en el cielo cuando se enteró que el proyecto establece que no se financia los nombramientos que se hayan producido en el 2015. De esa forma, todos los recursos debían destinarse al pago de los sueldos, como sucedería en Chilecito, cuya intendenta electa Silvia Gaitán pensaría lo mismo.
Debe estar conectado para enviar un comentario.