Un proyecto para cambiar la ley, de 1991, de regularización del empleo no registrado se lanzaría con la modificación del sistema de riesgos del trabajo. Ambos tienen la misma misión: reducirles el costo laboral a las empresas sin tocar los salarios de los trabajadores. Pero, en un contexto de endurecimiento de las relaciones con la CGT , el Gobierno dio marcha atrás con el decreto de las ART (llamó a extraordinarias) y frenó los cambios en la ley 24.013.
Sin embargo, el oficialismo -con consenso y gradualmente- tiene decidido empujar su reforma con la intención de mejorar la competitividad de las compañías.
El proyecto no sólo pretende terminar con la industria del juicio en relación con los accidentes de trabajo o el empleo en negro, sino que avanza en la idea de un blanqueo o moratoria laboral, la creación de una agencia de talentos, la incorporación al mercado laboral de las personas que cobran planes sociales y la rebaja de contribuciones patronales.
Estos temas pasarán por la mesa del Diálogo por el Trabajo y la Producción, en la que se sienta el triunvirato de la CGT, el empresariado y el Gobierno. Desde el sindicalismo confirmaron que el oficialismo ya llevó algunas de esas medidas a las negociaciones pero la prioridad es que se cumpla con el llamado pacto antidespidos y con las negociaciones paritarias para este año.
«Estamos trabajando en un paquete con la CGT», confirmaron cerca del ministro de Trabajo, Jorge Triaca , envuelto esta semana en una dura confrontación con el gremio de los bancarios. Allí ratificaron que están también trabajando en una iniciativa para reformar la ley de regularización del trabajo no registrado. «En la CGT son resistentes», explicaron en la cartera laboral.
Iniciativa
El proyecto preve que las multas que contempla la ley 24.013 para los empleadores que no registran a sus trabajadores o que falsifican sus fechas de ingreso (artículos 8 y 9) en una relación laboral y, al mismo tiempo, las dobles indemnizaciones agravadas (previstas en el artículo 15) dejen de pagarse a los trabajadores y vayan a un Plan Nacional de Empleo y Formación Profesional o a compensar el sistema previsional. En este último punto, aún no está cerrado el debate.
La intención oficial es terminar con la industria del juicio laboral que se generó con esta ley. El proyecto está en sintonía con el de las ART que ya tiene media sanción y que se discutirá en extraordinarias. Según contaron, hay estudios de abogados que se dedican a encontrar beneficios o pagos que se consideran como suma de naturaleza dudosa lo que derivaba en multas millonarias a firmas que «están en regla». Sin embargo, algunos especialistas recalcan que de esta manera se deja al trabajador desprotegido.
Además, se prevé la eximición de contribuciones patronales para los empleadores que contraten un trabajador «por tiempo indeterminado y registrado», siempre y cuando esa contratación «produzca un incremento en su plantel de trabajadores». Este incentivo será más elevado, de hasta el 30%, en Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero, y de hasta el 10% en Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, La Pampa, Entre Ríos, San Juan, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Tierra del Fuego, y la ciudad de Buenos Aires.
PROYECTO
Algunos aspecto que tendrá la iniciativa será establecer multas a los empleadores que tengan trabajadores en negro y el incentivo con la baja de impuestos a quienes cumplan con registrar sus recursos humanos
