El ministro de Producción, Ernesto Pérez, lanzó una dura advertencia a la Casa Rosada: “Hoy el mundo está entendiendo que sin políticas sociales no hay equilibrio posible”. El concepto no es solo un dardo verbal: el gobierno de Quintela lo traduce en acción con la creación urgente de un «Instituto del Vino» para frenar el «riesgo de calidad» que genera la desregulación nacional.
En un contexto donde la Nación le exige a las provincias un Presupuesto 2026 de «déficit cero» y excluye a Ricardo Quintela de la mesa de diálogo, el ministro de Producción y Ambiente, Ernesto Pérez, elevó la voz con un fuerte choque ideológico que justifica la postura de defensa provincial.
El funcionario sentenció que «Hoy el mundo está entendiendo que sin políticas sociales no hay equilibrio posible», argumentando que «hasta los grandes países entienden que si no hay programas sociales, no hay paz ni estabilidad posible».
El análisis de Pérez es un claro señalamiento al modelo de austeridad del Gobierno nacional. El ministro riojano subraya que la provincia mantiene un camino diferente: «la política no puede desligarse de la realidad de la gente», apostando a un «modelo productivo inclusivo, basado en la diversificación y el acompañamiento del Estado».
El «escudo» provincial contra la desregulación de Sturzenegger
La filosofía de «acompañamiento del Estado» no es solo discurso. El gobierno de Quintela la aplica directamente como una medida de urgencia contra el plan desregulatorio del oficialismo, especialmente en un sector clave de la economía regional.
Pérez confirmó que el Ministerio de Producción impulsará la creación de un Instituto Provincial de Vitivinicultura antes de fin de año.
El motivo es estratégico: la derogación de casi 1.000 regulaciones de la industria del vino dispuesta por Nación pone en peligro el status de calidad de los productos locales. Pérez advirtió que las «desregulaciones de Sturzenegger y del presidente Javier Milei pueden hacer que el vino riojano pierda mercados por la caída del status de esos vinos ante la falta de regulaciones».
El objetivo del futuro organismo—que podría ser mixto, público-privado—será «reponer las normas o los procesos de control, contralor y medidas de seguridad para el consumidor que ya no se harán a nivel nacional, es decir, todo lo que hace a la trazabilidad del vino».
Pérez es contundente al prometer que si Argentina deja de hacer los procesos de seguridad alimentaria, «no hay que preocuparse porque la Provincia sí los tiene, para garantizarle a los compradores que los procesos que se hacían se van a seguir haciendo en la provincia».
El proyecto de ley será elevado a Quintela en los próximos días con la intención de que se trate en la Legislatura antes de que finalice el año. Esta iniciativa es el ejemplo más claro de cómo el gobierno provincial, acorralado por el ajuste y el reclamo de una deuda de USD 1.300 millones a la Nación, intenta blindar su economía regional de las políticas de la Casa Rosada.
