El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ratificó que el Certificado de Ingreso de Uva (CIU) debe ser «opcional», desoyendo el «planteo unánime» de las bodegas, que lo consideran «irremplazable para asegurar trazabilidad». La industria, incluida La Rioja, advierte que el plan de Milei pone en riesgo la «genuinidad» del vino.
El Gobierno de Javier Milei encendió las alarmas en las provincias vitivinícolas, incluida La Rioja, al ratificar su intención de eliminar el control obligatorio del ingreso de la uva a las bodegas (el CIU), una medida que, según el sector, amenaza la calidad y la transparencia del producto argentino.
El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, visitó la sede del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en Mendoza para reunirse con representantes de diversas cámaras y funcionarios de La Rioja, San Juan, Catamarca, Salta y Mendoza. El encuentro, calificado como «largo y tenso» por algunos participantes, terminó sin la definición que esperaba la industria.
La orden de la libertad: El CIU es «opcional»
Sturzenegger defendió la postura ideológica del Gobierno, afirmando que la política de Milei es dar «más libertad a la gente para decidir» y que el objetivo es «regular para el productor honesto», no para el 0,1% que opera de forma ilegal.
El ministro, quien mostró una «pila de expedientes» de las casi 1.000 normativas que se eliminaron, reconoció que la mayor preocupación es el Certificado de Ingreso de Uva (CIU), pero sostuvo que su posición es inamovible: «Nosotros pensamos que debe ser opcional».
La justificación de la Nación es que la medida busca «reducir la cantidad de inspecciones que reciben las bodegas» para «bajar los costos y la burocracia», ya que hay viñedos «improductivos» que se espera reactivar. El INV ahora solo verificará que el producto final «no sea nocivo».
El grito de la industria: Trazabilidad, en riesgo
Pese a que «todos coincidieron en aplaudir la desregulación» y el esfuerzo por simplificar la burocracia, la industria vitivinícola —incluida la representación de La Rioja— fue «unánime» en un punto: el CIU debe ser obligatorio.
- Pérdida de Genuinidad: Los representantes de cámaras como Acovi y el Centro de Viñateros del Este señalaron que el CIU «resulta irremplazable para asegurar trazabilidad, transparencia comercial y credibilidad de los mercados».
- La Tensión: La industria pidió que los controles sobre el ingreso de uva, el final de cosecha y la elaboración sean obligatorios, pero los funcionarios nacionales «seguían muy empecinados» en que el CIU sea optativo, lo que «generó momentos de tensión».
- La Competencia: El sector advierte que la eliminación de los controles de ingreso de uva y de fiscalizaciones en planta puede facilitar la adulteración y la competencia desleal, dañando la calidad de los vinos de origen como el Torrontés Riojano.
La resolución que elimina las normativas entra en vigencia el 1 de enero, por lo que la industria tiene un plazo acotado para convencer al Gobierno de la necesidad de mantener este control clave.
