Tras la sorpresiva convocatoria del máximo tribunal, la provincia definió su jugada: aprovechará la audiencia por una vieja demanda de la gestión de Sergio Casas para exigir que se anexe el expediente actual por los fondos extracoparticipables. «Si no pagan lo que deben, mucho menos van a actualizar el punto», advirtieron, mientras denuncian discriminación política de la Casa Rosada.
La convocatoria de la Corte Suprema de Justicia cayó como una bomba política el pasado viernes. El máximo tribunal citó a la provincia de La Rioja y al Estado Nacional a una audiencia de conciliación obligatoria para el próximo 3 de diciembre a las 11:00. Sin embargo, lo que parecía una respuesta al reclamo actual del gobernador Ricardo Quintela por la asfixia financiera, tiene un trasfondo técnico que obligó a recalcular la estrategia: la cita es, en los papeles, por una causa iniciada en 2017.
Ante este escenario, los letrados de la provincia, Jorge Yoma y Pedro Goyochea, confirmaron que La Rioja irá a fondo. El objetivo será unificar esa vieja demanda —que pedía la actualización del punto de coparticipación perdido en 1988— con el reclamo urgente por la deuda de los fondos extracoparticipables retenidos por la administración de Javier Milei, una cifra que oscila entre los 1.000 y 1.300 millones de dólares.
La «letra chica» de la convocatoria
Fue Jorge Yoma, abogado de la provincia ante la Corte, quien aclaró la confusión inicial. «Esta audiencia no es por la deuda de la Nación con la Provincia, es por otra causa que inició Sergio Casas cuando era Gobernador», explicó el exlegislador.
Según Yoma, se trata de una audiencia ordinaria para presentar pruebas sobre aquel viejo reclamo de actualización del coeficiente. «No es por la deuda monstruosa de 1.000 millones de dólares en concepto de fondos extra, sino por el punto de coparticipación», detalló.
Sin embargo, la provincia no está dispuesta a desaprovechar la oportunidad de tener a los representantes de la Casa Rosada frente a los jueces supremos. La premisa es clara: el desfinanciamiento actual es la prioridad.
Unificación de causas: la nueva carta
La estrategia jurídica que llevarán Quintela, Yoma y el constitucionalista García Lema a la audiencia será pragmática. «Vamos a pedir que se unifiquen las dos causas y resuelvan esta, que es la que más nos interesa por el desfinanciamiento que sufre la Provincia mes a mes», anticipó Yoma.
El razonamiento es simple: «Si Nación no nos paga lo que nos debe, mucho menos van a pagar una actualización en el punto». La provincia sostiene que el Gobierno nacional está desconociendo obligaciones explícitas determinadas en la ley de Presupuesto 2023 y reconducidas para 2024.
En sintonía, el Asesor General de Gobierno, Pedro Goyochea, ratificó que la audiencia servirá para agrupar «las pretensiones de las provincias contra el Estado Nacional, porque la naturaleza del reclamo es la misma».
«Discriminación política»: dardos contra Santilli
El conflicto judicial se enmarca en una tensión política que no cesa. Yoma aprovechó la ocasión para denunciar que La Rioja está siendo «discriminada» por la nueva conducción política del gobierno libertario.
El abogado apuntó directamente contra el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, acusándolo de excluir a los gobernadores peronistas más críticos del mapa de diálogo. «Las únicas dos provincias no convocadas fueron La Rioja y Buenos Aires. A Kicillof y Quintela ni siquiera los llamaron para tender un puente», disparó Yoma.
El 3 de diciembre, día clave
La audiencia, que busca evitar un escalamiento mayor del conflicto federal, pone a La Rioja en un lugar de privilegio: es la primera de 16 provincias con reclamos similares en ser convocada por la Corte.
Si hay consenso, se firmará un acuerdo homologado. Si no, se abrirá una etapa de mediación de 30 días. De fracasar el diálogo, la Corte quedará habilitada para dictar sentencia, un escenario que la Casa Rosada preferiría evitar, pero al que La Rioja parece dispuesta a llegar si no aparecen los fondos.
