El Gobierno admitió que «habrá plata» vía ATN y cajas jubilatorias para los mandatarios dialoguistas. Ricardo Quintela quedó fuera de la ronda de negociaciones que encabeza Diego Santilli.
La maquinaria política de la Casa Rosada se encendió con un objetivo claro: asegurar los votos para el Presupuesto 2026. La premisa que circula en los pasillos de Balcarce 50 es pragmática y marca un giro en la estrategia de «billetera cerrada» que caracterizó la primera etapa de la gestión. «Algo de plata habrá. No será para todos y no se repartirá sin un criterio, pero habrá», admitieron fuentes oficiales.
Sin embargo, esta apertura del grifo financiero tiene destinatarios selectos y una lista negra explícita. Mientras el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, acelera reuniones con gobernadores «dialoguistas» para destrabar recursos, la provincia de La Rioja quedó marginada de la mesa de negociaciones.
Según trascendió desde el Ministerio del Interior, no existen contactos ni puentes tendidos con el mandatario riojano, Ricardo Quintela, quien integra el reducido grupo de opositores duros junto a Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). La estrategia oficial es clara: aislar a los peronistas K y aceitar los vínculos con quienes garanticen gobernabilidad en el Congreso.
La caja en disputa
La negociación que excluye a La Rioja tiene números concretos sobre la mesa. El Gobierno dispone de un remanente importante en el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Entre enero y noviembre, ese fondo acumuló $860.115 millones, de los cuales quedan $728.615 millones disponibles para distribuir.
Esa es la masa de recursos que la Rosada utilizará para persuadir a las provincias indecisas, sumado a «más flujo para las cajas de jubilaciones no transferidas y facilidades para programas de organismos multilaterales de créditos», según confiaron desde el círculo chico de Interior.
Para La Rioja, la falta de diálogo implica un riesgo financiero mayor. Santilli ya conversó la necesidad de destrabar recursos para las provincias con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con Karina Milei. Todos coinciden en que sin fondos, el apoyo legislativo peligra. Pero mientras distritos como Tucumán o Catamarca —con Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil alineados al diálogo— esperan recomponer sus arcas, la administración de Quintela se enfrenta a un escenario de asfixia financiera continuada.
Obra pública y jubilaciones
El menú de ofertas del oficialismo para conseguir la aprobación de la «ley de leyes» incluye dos reclamos históricos de los gobernadores: que «arranque la obra pública nacional» y que la ANSES cumpla con el financiamiento de los déficits previsionales.
En este punto, la discriminación política podría golpear nuevamente las cuentas riojanas. La intención del Ejecutivo es que el organismo previsional envíe fondos o mejore los montos a las cajas provinciales no transferidas, poniendo el «acento sobre el flujo no sobre el stock». Sin un canal de diálogo abierto con Quintela, la llegada de esas partidas a La Rioja parece improbable en el corto plazo.
La estrategia de Santilli y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es quirúrgica: garantizar una victoria holgada en el Congreso, no un triunfo pírrico. Para ello, están dispuestos a ceder recursos, avales para endeudamiento internacional —como ya hizo Santa Fe— y reactivación de obras. La condición sine qua non es sentarse a negociar, una silla que, por decisión de ambas partes, hoy no ocupa el gobernador riojano.
