Se trata de Sonia «Negrita» Soria, acusada de rayar un vehículo. Desde el Frente Social Chileciteño denuncian que la medida judicial es «aberrante», califican el monto de la fianza como una «extorsión» y advierten sobre un intento de «disciplinamiento político».
La tensión social en Chilecito, provincia de La Rioja, escaló en las últimas horas tras conocerse los detalles de la detención de Sonia «Negrita» Soria, una trabajadora del área de lavandería del hospital Eleazar Herrera Motta. Soria lleva más de 15 días privada de su libertad, acusada de haber rayado un vehículo, un hecho que desató fuertes críticas desde el gremialismo local hacia el accionar de la justicia.
La situación fue expuesta por Raúl Ramos, referente del Frente Social Chileciteño, quien en declaraciones recientes calificó el proceso como una injusticia desproporcionada. El punto más conflictivo radica en la condición impuesta para su excarcelación: el pago de una caución de 750.000 pesos, una cifra que, según denuncian, resulta inalcanzable para una empleada de su rango.
«Le están pidiendo que pague primero 750.000 pesos para lograr la libertad. Cuando se trata de una lavandera del hospital que apenas le debe alcanzar para llegar a fin de mes, si es que llega», sentenció Ramos, cuestionando la falta de sensibilidad del juzgado interviniente. Para el dirigente, la medida «más parece una extorsión» que un acto de justicia, al condicionar la libertad de una persona a una cifra económica imposible de afrontar en el contexto actual.
«Disciplinamiento político»
Desde el entorno gremial no niegan la existencia del incidente —el presunto daño al vehículo—, pero cuestionan la severidad de la respuesta judicial en comparación con otros delitos. «Si ha incurrido en un daño material es salvable, pero los daños que se causan desde el punto de vista anímico y de la salud son insalvables», explicó Ramos.
El dirigente fue más allá y vinculó la detención con un mensaje hacia la protesta social en la provincia. «Es un disciplinamiento político que está actuando a través de la justicia a una trabajadora que evidentemente está cuestionando la forma de organización», aseguró, advirtiendo sobre la gravedad institucional del hecho: «¿Cómo va a confiar el ciudadano común en la justicia ante este hecho sin precedentes? Un pobre no puede tener acceso a la justicia porque no tiene plata».
Gestiones y movilización
El caso ya llegó a oídos de funcionarios provinciales. Según detalló Ramos, se han mantenido conversaciones con Myriam Espinosa, secretaria de Trabajo, y con Délfor Brizuela, secretario de Derechos Humanos de La Rioja, para exigir una intervención inmediata. «Ya transcurrieron 24 o 48 horas más y el poncho no aparece», lamentó el referente sobre la falta de respuestas concretas.
Ante este escenario, se espera una inminente movilización en Chilecito, convocada presuntamente por sectores de ATE, con el objetivo de visibilizar el reclamo y, eventualmente, reunir los fondos exigidos.
«Me parece aberrante que estas cosas sucedan y las autoridades no reaccionen. Hay delitos mucho más grandes donde se quitan vidas y, sin embargo, no se han tomado medidas similares», concluyó Ramos, exigiendo que se pongan «las cosas en su lugar» y se garantice el debido proceso sin sesgos económicos ni políticos.
