Autoconvocados realizaron la tercera movilización de la semana frente a la Casa de Gobierno. Reclaman por la falta de aumento salarial y la suspensión del bono de fin de año. «El sueldo es de miseria», denuncian.
El clima social en La Rioja se recalienta sobre el cierre del año. Los empleados públicos autoconvocados intensificaron sus protestas en la capital provincial y protagonizaron la tercera marcha consecutiva en rechazo a las medidas de austeridad ratificadas por el gobernador Ricardo Quintela. El reclamo, que nació de manera espontánea, busca torcer la decisión oficial de no otorgar nuevos aumentos ni el tradicional bono de las fiestas.
La movilización de este jueves volvió a rodear la Plaza 25 de Mayo, replicando la masividad del «riojanazo» inicial, donde más de dos cuadras de trabajadores estatales hicieron sentir su descontento.
La bronca se centra en el deterioro del poder adquisitivo: «El único reclamo es salarios dignos. El salario es de miseria», sentenció Noemí, empleada del Ministerio de Desarrollo Social, quien ofició de vocera del malestar en las calles.
«Sin bono y con sueldos de 600 mil»
La situación es crítica para gran parte de la planta estatal. Según los testimonios recogidos durante la protesta, la administración pública representa el 75% de la masa laboral de la provincia y muchos trabajadores están «precarizados».
«Están todos cobrando sueldos que, si bien el básico es de 600.000 pesos, quedan por abajo por los descuentos y las obras sociales», explicó. La manifestante apuntó directamente contra la gestión provincial por incumplir con las actualizaciones pautadas: «El gobernador no da, como dice la ley, los dos aumentos por año. Este año el último aumento no lo dio y, agregado a eso, nos quiere dejar sin bonos».
La incertidumbre crece porque hoy viernes es el último día hábil de la administración pública antes del receso estival, que paraliza la actividad hasta febrero. Por eso, los autoconvocados mantienen asambleas permanentes para definir si continúan las marchas diarias o si formalizan el reclamo mediante un petitorio escrito a las autoridades.
La respuesta oficial: «No hay plata» y ajuste político
Desde la Casa de las Tejas, el argumento para cerrar el grifo es la asfixia financiera. El Gobierno provincial sostiene que se ve «imposibilitado» de otorgar mejoras debido a la deuda que la Nación mantiene con La Rioja, la cual ascendería a más de 1.630 millones de dólares por fondos extracoparticipables retenidos.
Para intentar calmar las aguas y dar una señal de empatía con el ajuste, el gobernador Quintela anunció en las últimas horas una drástica «reestructuración del Estado». El «plan motosierra» a la riojana incluye la reducción de ministerios, la eliminación de viáticos y prohibiciones insólitas para sus funcionarios: «Tienen prohibidas sus vacaciones fuera del país y ningún funcionario podrá andar en vehículos oficiales, deberán hacerlo en sus propios autos».
Mientras la política se ajusta los cinturones (o al menos eso promete), los trabajadores estatales debaten en las plazas cómo pasar un fin de año que se anticipa «flaco» y conflictivo.
