Ariel Puy Soria alertó sobre el «avance de particulares» en la zona suroeste de la Capital y reivindicó la titularidad estatal de las tierras, avalada por el Superior Tribunal de Justicia. Confirmó nuevas presentaciones judiciales para frenar lo que calificó como un intento de «negocio inmobiliario».
El gobierno de La Rioja salió a marcar la cancha con dureza frente a la ocupación ilegal de terrenos en la capital provincial. A través de Ariel Puy Soria, el oficialismo denunció maniobras de apropiación en una vasta zona fiscal y aseguró que no cederá ante la presión de privados, ratificando que la defensa del patrimonio estatal es una «decisión política».
El conflicto se centra en un predio estratégico de gran extensión. El funcionario advirtió sobre el «avance de particulares sobre tierras fiscales, con usurpaciones en flagrancia», y dejó en claro la postura de la administración de Ricardo Quintela: «Reivindicamos de manera indeclinable y sostenida la propiedad del Estado sobre las 3.000 hectáreas ubicadas en el suroeste de la Capital».
Respaldo judicial y batalla legal
Para sustentar el reclamo, Puy Soria recordó que la titularidad de esas tierras no está en discusión legal, ya que es una «propiedad que fue ratificada por fallos del Superior Tribunal de Justicia».
En ese sentido, adelantó que el conflicto continuará en los tribunales para ejecutar los desalojos o frenar las tomas. «Vamos a seguir llevando adelante las presentaciones judiciales correspondientes», confirmó, asegurando que «vamos a seguir esta batalla con firmeza y sin ambigüedades».
Contra el «negocio inmobiliario»
El mensaje del gobierno riojano apuntó también contra la especulación detrás de las tomas. «La defensa de la propiedad pública no es una consigna, una discusión técnica ni administrativa: es una decisión política de proteger el patrimonio de todos los riojanos», definió Puy Soria.
Finalmente, lanzó una dura advertencia a los ocupantes y a posibles desarrolladores informales: «Los bienes públicos no se venden, no se negocian, no se entregan y no vamos a permitir que sean convertidos en un negocio inmobiliario para unos pocos, en detrimento del interés colectivo».
