El Sindicato de Educadores de La Rioja (SeLaR) emitió un duro comunicado contra el artículo 30 de la ley de leyes; denuncian que la derogación de los pisos de inversión «hipoteca el futuro» y somete al sistema a una lógica de mercado.
La aprobación parlamentaria del Presupuesto Nacional 2026 sigue generando réplicas de alto voltaje político en las provincias. En las últimas horas, el Sindicato de Educadores de La Rioja (SeLaR) se pronunció con un “enérgico repudio” a la sanción del artículo 30 del Capítulo II de la norma, advirtiendo que la medida constituye un quiebre en los consensos democráticos y pone en jaque la sostenibilidad de la escuela pública en el interior del país.
Para el gremio riojano, la letra chica del presupuesto impulsado por la Casa Rosada y avalado por el Congreso esconde una reforma estructural: la derogación de las obligaciones de financiamiento que el Estado nacional tenía por ley. En concreto, apuntan a la eliminación de los compromisos fijados en el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional (N° 26.206) y en el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional (N° 26.058).
Según el análisis del sindicato, estas normativas no eran meros enunciados burocráticos, sino “conquistas logradas tras años de lucha docente y consenso social” que garantizaban un piso mínimo de inversión.
Un cambio de paradigma
Más allá del recorte de fondos, el SeLaR alertó sobre el trasfondo ideológico de la medida. En su comunicado, la entidad sostuvo que esta decisión configura una definición política clara de “desresponsabilización del Estado”, que busca correr a la Nación de su rol de garante del derecho a aprender.
“La educación queda sometida a criterios fiscales y a una lógica de mercado que desconoce su rol estratégico como política pública”, señalaron desde la organización. El temor en La Rioja es que, al retirarse el auxilio nacional, el sistema educativo profundice su deterioro, con un impacto asimétrico que golpeará con mayor crudeza a “las provincias y a los sectores populares”.
«Hipotecar el futuro»
El tono del reclamo escaló al analizar las consecuencias a largo plazo. Desde el gremio sentenciaron que desfinanciar el sistema bajo la premisa del equilibrio fiscal “es hipotecar el futuro de miles de niñas, niños y jóvenes”.
En este contexto, el SeLaR reafirmó su compromiso con la “defensa irrestricta de la escuela pública” y lanzó una advertencia hacia la dirigencia política nacional: el conflicto no se agota en la votación del presupuesto. Anticiparon que la comunidad educativa y la sociedad en general no permanecerán en silencio frente a lo que definieron como el “desmantelamiento del Estado y de las políticas educativas nacionales”.
El comunicado concluye señalando la gravedad institucional de romper con los acuerdos básicos sobre el desarrollo del país, alertando sobre el riesgo de perder el derecho a una “educación pública, científica y tecnológica de calidad”.