El ministro de Desarrollo, Alfredo Menem, aseguró que el dinero lo ejecutan directamente las escuelas para «llevar claridad». Sin embargo, datos de la consultora Politikon Chaco desmienten la falta de asistencia: la Provincia recibió partidas millonarias pese a haber creado un impuesto a grandes empresas alegando desfinanciamiento.
La discusión por la asistencia alimentaria en La Rioja quedó envuelta en una fuerte contradicción entre el relato oficial y los datos duros del presupuesto. Mientras el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Menem, intentó despegarse del manejo de la caja asegurando que los fondos van directo a los colegios, un informe privado expuso que la administración de Ricardo Quintela recibió transferencias millonarias del Gobierno Nacional, derribando el argumento de asfixia financiera que motivó la creación de nuevos impuestos.
El funcionario provincial salió a hablar «ante la desinformación que circula», buscando bajar el tono del conflicto. Sin embargo, los números aportados por la consultora Politikon Chaco, basados en informes oficiales de Presupuesto Abierto, indican que el gobierno de La Rioja recibió $2.324 millones para los comedores escolares durante el 2025 desde el gobierno central.
La defensa de Menem: «Yo no administro los aportes»
En su descargo, Menem intentó transparentar el circuito administrativo para quitarle responsabilidad política a su cartera. Fue tajante al afirmar que «los aportes tanto de Nación como de provincia no los administra el Ministerio de Desarrollo o este ministro».
Según la explicación oficial, el dinero recae sobre la estructura educativa base: son «las 290 escuelas las que determinan un responsable para la compra y las rendiciones correspondientes». El ministro apeló a una postura conciliadora, destacando que el sistema se sostiene con un «trabajo conjunto entre Nación y Provincia» y sentenció: «La verdad también es una forma de cuidar».
La contradicción de los $2.324 millones y el impuesto extra
El dato revelado por Politikon Chaco golpea la línea de flotación del discurso quintelista. La administración provincial había asegurado repetidamente que no recibía fondos para ese concepto por parte de la gestión de Javier Milei.
Bajo esa premisa de «abandono nacional», La Rioja justificó la implementación de un polémico impuesto para grandes empresas destinado específicamente a financiar la «copa de leche» en las escuelas. La aparición de los registros que confirman el envío de más de 2.300 millones de pesos pone en tela de juicio la necesidad real de ese gravamen y el destino final de las partidas que, según los papeles, sí llegaron a la provincia.
La controversia ahora gira en torno a la administración de esos recursos: si Nación envió el dinero y la Provincia recaudó un extra a través del impuesto a los grandes contribuyentes, la oposición exige saber por qué persisten las denuncias de falta de insumos en los comedores escolares.
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