El Ministro de Economía aprovechó una entrevista televisiva para fustigar a los gobernadores por la presión fiscal sobre la industria. El dardo llega en un momento crítico para la provincia: el patentamiento de autos en La Rioja se desplomó un 20%, el doble que la media nacional, mientras el municipio capitalino apela a las fotomultas para compensar la caída de recursos.
En un nuevo capítulo de la guerra de nervios entre la Casa Rosada y las provincias, Luis Caputo volvió a utilizar el prime time televisivo para marcarle la cancha a los gobernadores. El ministro de Economía defendió su proceso de «desinflación» —asegurando que se pasó de un proyectado del 300% a un 30% anual— y apuntó directamente contra la carga tributaria en el interior del país como el principal freno a la productividad industrial.
«En provincias y municipios les cobran 10 puntos de impuestos a las empresas mientras nosotros trabajamos para bajar aranceles», disparó Caputo, adelantando que analiza eliminar el derecho de exportación del 2% para las terminales automotrices. El mensaje del Palacio de Hacienda es claro: si la reactivación no llega, la culpa es de la «voracidad fiscal» de los intendentes y mandatarios provinciales.
La Rioja: El doble de caída que el promedio país
El discurso de Caputo sobre la «normalización» económica choca de frente con los números que maneja la Dirección General de Estadísticas y Censo de La Rioja. Según el último informe del Parque Automotor, enero de 2026 fue un mes negro para la provincia:
- Patentamiento de Autos: Cayó un 20,1% interanual (de 373 a 298 unidades), mientras que a nivel nacional la baja fue de apenas el 4,4%.
- Motos Usadas: El segmento más popular registró un derrumbe del 35,6% en las transferencias, evidenciando el parate total del consumo en los sectores de menores ingresos.
- Producción Nacional: El contexto no ayuda; la fabricación de vehículos a nivel país tuvo en enero su peor registro en seis años, con una caída del 30,1% interanual.
La «Caja» de las Fotomultas y el malestar de ATE
Ante el recorte de fondos nacionales y la caída de la recaudación propia por la recesión, el municipio de La Rioja Capital activó un plan de contingencia que ya genera ruidos políticos. La implementación de un sistema de fotomultas tercerizado —donde una empresa local se quedará con el 40% de lo recaudado— es vista por la oposición y el sector comercial como un «impuesto encubierto» para financiar el bache fiscal que dejó la Nación.
Este escenario de asfixia se completa con la presión gremial. ATE La Rioja presentó esta semana un pedido de audiencia urgente a Ricardo Quintela, denunciando que el 60% del salario estatal hoy se paga con sumas no remunerativas. Para el gremio, el ajuste que pregona Caputo en Buenos Aires ya fue ejecutado en las provincias vía licuación de haberes, lo que explica por qué los riojanos desaparecieron de las concesionarias.
El debate por la «Modernización»
La línea dura de la Rosada, reforzada por Patricia Bullrich, quien acusó al modelo anterior de dejar un «43% de trabajadores en negro», busca apalancar la reforma laboral como la única salida. Sin embargo, en el peronismo riojano la desconfianza es total. Referentes como Néstor Bosetti ya advirtieron que «flexibilizar normas no garantiza empleo sin inversión» y tildaron las promesas de Caputo como un «ajuste disfrazado de modernización».
Mientras el Ministro de Economía celebra que «la ropa bajó sustancialmente» y promueve las compras por internet, la realidad productiva de La Rioja muestra una economía regional que no logra perforar el piso de la recesión, atrapada entre el desplome del consumo y la puja distributiva por los pocos pesos que quedan en el circuito local.
