El gobernador de La Rioja cuestionó la constitucionalidad de la reforma laboral y exigió a la central obrera un endurecimiento de las medidas de fuerza; «Es necesario un plan de lucha y una resistencia», afirmó.

La interna entre las provincias peronistas y la Casa Rosada alcanzó un nuevo punto de ebullición. Tras un encuentro clave entre gobernadores del PJ y la cúpula de la CGT, el mandatario riojano Ricardo Quintela rompió el hermetismo y llamó a profundizar el esquema de confrontación contra la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo nacional.

Para Quintela, la iniciativa oficialista representa un quiebre en el orden institucional. “Es absolutamente inconstitucional, porque avanza sobre los derechos que están consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución. Por eso nosotros resistimos esta reforma”, sentenció el gobernador en declaraciones radiales, marcando una postura que trasciende lo meramente político para situarse en el terreno jurídico.

El pedido de un plan de lucha escalonado

Durante la reunión con la central obrera, en la que participaron seis mandatarios provinciales, Quintela fue el encargado de llevar la propuesta más radicalizada a la mesa de debate. Según relató, su planteo consiste en una progresión de medidas que desemboquen en una parálisis total de actividades.

“En la reunión que tuvimos con la CGT planteé que era necesario un plan de lucha, una resistencia a través de un paro general de 24, 48, 72 o 96 horas y después por tiempo indeterminado, con movilización”, detalló con precisión. Para el riojano, la presión en las calles debe tener un correlato en la percepción social del conflicto: “Cuando la sociedad salga a la calle y vuelva a su domicilio, tiene que entrar con una propuesta que la beneficie o que le genere expectativa producto de su lucha”.

Un escenario de resistencia y judicialización

El gobernador no solo apeló a la movilización, sino que recordó la identidad histórica de su fuerza política ante contextos de crisis. “La resistencia va a tener su costo, pero el peronismo está acostumbrado y siempre estuvo en la resistencia en la defensa de los derechos, no solo de los trabajadores, sino de todos los argentinos”, sostuvo.

En cuanto a la gestión nacional, Quintela trazó un balance sumamente crítico sobre el impacto del Gobierno en el interior del país, asegurando que, tras dos años y dos meses de mandato, las provincias no han recibido beneficios tangibles. “No tuvimos ni una vivienda, ni un puente, ni una obra de agua, de energía, no tuvimos una escuela ni la apertura de una fábrica. Absolutamente nada”, fustigó.

Ante este panorama, el camino hacia los tribunales parece inevitable si la reforma avanza en el Congreso. “Por supuesto que sí puede haber judicialización. La CGT tiene que encabezar todo esto y nosotros acompañarla”, concluyó, dejando la pelota en el campo de la central obrera, que deberá definir en las próximas horas si convalida la estrategia de máxima tensión propuesta por el mandatario.