Tras el fuerte discurso del Presidente en el Congreso, donde tildó de «golpistas» al gobernador y a la senadora riojana, el foco se traslada a los tribunales federales. El fiscal Carlos Stornelli impulsa denuncias por incitación a la violencia, sedición y pide reabrir la causa por la caída de De la Rúa en 2001.
LA RIOJA / BUENOS AIRES – El enfrentamiento entre la Casa Rosada y la provincia de La Rioja sumó un nuevo capítulo este domingo, cuando el presidente Javier Milei, durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, apuntó directamente contra el gobernador Ricardo Quintela y la senadora nacional María Florencia López. Al tildarlos de «golpistas», el mandatario nacional pidió públicamente que la Justicia avance sobre ellos.
Las miradas apuntan ahora a los tribunales de Comodoro Py, donde ya tramitan tres expedientes clave impulsados por el fiscal federal Carlos Stornelli.
Las causas en la mira de la Justicia Federal
Las investigaciones se dividen en dos frentes principales, originados por declaraciones públicas de los dirigentes riojanos que, para la fiscalía, podrían constituir delitos contra el orden democrático.
1. El expediente contra Florencia López
La causa contra la senadora nacional recayó por sorteo en el juzgado federal de Sebastián Ramos.
- El motivo: Se originó por la frase que se le atribuye durante un debate parlamentario, donde habría expresado que «el pueblo se va a despertar y no van a alcanzar los helicópteros para que se fuguen como lo hicieron antes», en clara referencia a la crisis de diciembre de 2001.
- Los cargos: Stornelli la denunció por presuntos delitos de acción pública, que incluyen instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y amenaza de rebelión.
2. Las dos causas que involucran a Ricardo Quintela
El gobernador enfrenta un escenario judicial doble, derivado de sus recientes declaraciones en una entrevista radial, donde afirmó que la actual gestión nacional «no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027» y recordó las decisiones tomadas durante la crisis de 2001, mencionando que «hay sacrificios que valen la pena», en alusión a las víctimas fatales de aquel estallido.
A raíz de estos dichos, el fiscal Stornelli avanzó en dos direcciones:
- Denuncia por sedición e incitación a la violencia: Radicada en el juzgado federal N° 1 a cargo de María Servini. El fiscal argumenta que las palabras de Quintela podrían implicar una incitación a la violencia colectiva y una posible afectación del orden constitucional, agravadas por su rol como mandatario provincial.
- Reapertura de la causa de 2001: Stornelli solicitó ante el juez Sebastián Ramos desarchivar la investigación (cerrada en 2013) sobre las circunstancias que rodearon la caída de Fernando de la Rúa. El fiscal considera que las declaraciones de Quintela aportan «nuevos elementos» para investigar si existió una maniobra organizada y premeditada para forzar la renuncia del entonces presidente, delitos que, al atentar contra el orden democrático, son imprescriptibles.
El reclamo presidencial
El impulso judicial de Stornelli encontró eco inmediato en la Asamblea Legislativa. Javier Milei no solo respaldó el accionar del fiscal, sino que exigió celeridad a Comodoro Py. «Esperemos que la Justicia avance no solo sobre los posibles actos de sedición, sino también sobre quienes pudieran ser sus beneficiarios directos e indirectos de dichas acciones», sentenció el Presidente, en un mensaje que eleva al máximo la tensión institucional entre el Gobierno nacional y La Rioja.