El presidente de la Cámara de Diputados visitó su provincia natal, donde reunió a la tropa libertaria y lanzó una dura advertencia a la gestión de Ricardo Quintela. La «Casa de las Tejas», asfixiada financieramente y en default, busca desprenderse de «las joyas de la abuela» para garantizar la gobernabilidad hasta 2027.

El fin de semana dejó un fuerte tembladeral político en La Rioja. En medio de un clima de máxima tensión institucional entre la administración de Javier Milei y el gobernador peronista Ricardo Quintela, Martín Menem desembarcó en su provincia natal con una agenda mixta que combinó el armado territorial, gestos de contención personal y un mensaje letal dirigido directamente al corazón financiero de la «Casa de las Tejas».

Durante su estadía, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación mantuvo una serie de encuentros cerrados con la dirigencia y los principales referentes locales de La Libertad Avanza (LLA). Pero la agenda no fue puramente estratégica. Menem también se trasladó hacia el departamento Castro Barros para acompañar personalmente a la concejal Yiyi Ceballos, quien atravesaba el luto por la reciente pérdida física de su padre, un gesto que fue muy valorado por las bases libertarias de la región.

Sin embargo, el dato político más fuerte del fin de semana surgió puertas adentro, en las cumbres que el titular de la Cámara Baja mantuvo con la cúpula de LLA riojana. Allí, Menem bajó una línea de acción clara e implacable respecto a los movimientos desesperados de la gobernación provincial: anunció a la dirigencia que desde Nación se investigará con lupa y hasta las últimas consecuencias cualquier venta de los activos de las empresas estatales riojanas.

La advertencia no es casual. Cae en el momento exacto en que La Rioja comienza a analizar la liquidación de sus activos de mayor valor para poder financiarse ante un panorama desolador.

La asfixia financiera y el plan de contingencia

En un contexto donde la administración Quintela denuncia una constante asfixia financiera por parte de la Nación, y donde tras caer en default técnico no puede acceder a ningún tipo de financiamiento internacional, la Casa de las Tejas comenzó a evaluar acciones de alto impacto en búsqueda de obtener fondos frescos.

La situación contable de La Rioja es, cuanto menos, sumamente compleja. Nación cortó sin medias tintas cualquier tipo de financiamiento discrecional. Solo llega lo que obliga la ley en concepto de coparticipación federal. Hace dos años que no hay fondos extra, se cerró el grifo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) —de los que sí gozan gobernadores aliados a la Casa Rosada— y, para colmo de males, en términos reales cae el goteo de la coparticipación mes a mes.

Todo este combo explosivo puso las cuentas provinciales en un rojo profundo. A esto se suma la decisión política y económica del gobierno local de mantener el default, lo que lo condiciona de manera absoluta respecto de la posibilidad de buscar crédito internacional por no abonar ni el capital ni los intereses del célebre «Bono Verde».

Ante esta realidad implacable, sin envíos discrecionales de Balcarce 50 y vetados del mercado de crédito, el gobierno riojano ya realiza simulaciones contrarreloj de cuánto dinero requerirá para intentar llegar a fines de 2027 garantizando, al menos, el pago de sueldos estatales al día. El objetivo de mínima es intentar inyectar al deprimido circuito económico local un flujo de fondos que le permita subsistir, algo que hoy le está costando sangre, sudor y lágrimas al sector privado (comercial e industrial), los verdaderos generadores de empleo genuino.

En liquidación: de las SAPEM al Parque Eólico

En ese marco de crisis, el gobierno riojano puso el cartel de «se vende» a la mayoría de las SAPEM (Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria). El problema con el que se topó Quintela es el mercado: casi todas son estructuralmente deficitarias. Salvo raras excepciones, y en un contexto de contracción económica a nivel país, no aparecen inversores dispuestos a hacer ofertas razonables. La gran apuesta a futuro sigue siendo la minería, pero sus retornos son a mediano y largo plazo.

Existen casos testigo como el de Agroandina. Si bien la empresa sigue siendo de capital estatal, actualmente está siendo administrada por un privado. El objetivo es de control de daños: que al Estado no le cueste cientos de millones de pesos al mes mantenerla operativa. Si bien no da ganancias, la meta es que deje de generar pérdidas multimillonarias.

Pero el gobierno requiere «cash» inmediato. Por eso, ya comenzó a analizar y sondear seriamente en los mercados energéticos la posibilidad de vender otro parque eólico, es decir, desprenderse de una nueva unidad de negocios de la joya de la corona: la empresa Parque Eólico Arauco.

Hoy por hoy, es el único activo provincial que cuenta con interesados dispuestos a poner dinero en efectivo y en el acto. Esto se debe a que son estructuras que ya están produciendo energía y tienen su producción vendida garantizada para los próximos años.

Cabe recordar que, en 2022, la propia administración de Quintela ya había vendido el Parque Eólico Arauco II por la friolera de 170 millones de dólares, con la promesa de usar esos fondos en la construcción de dos nuevos parques (uno eólico y otro solar). En aquel momento, fue catalogada por la maquinaria comunicacional del gobierno como «la venta más importante de la historia de La Rioja». El comprador fue Pampa Energía, y para el Ejecutivo local la operación fue un éxito redondo: le generó un flujo de caja formidable sin costos laborales, ya que la compradora absorbió a la planta de personal.

Ante la falta de diálogo y el brutal enfrentamiento político entre La Rioja y la Nación —una guerra fría que parece lejos de terminar— la decisión está prácticamente tomada. «Son las joyas de la abuela, están para usarse cuando más se necesiten, y este es un momento en que lo analizamos y ya estamos realizando sondeos en el mercado», reconoció en estricto off the record una altísima fuente del Ejecutivo local.

Ahora, con la mirada vigilante del gobierno nacional y la advertencia explícita de Martín Menem sobre futuras investigaciones de estas enajenaciones, Quintela deberá decidir si avanza con la venta de activos bajo el riesgo de una embestida judicial y política por parte de la Casa Rosada.