Claudia Ortiz, administradora de APOS, reveló el rojo millonario que enfrenta la institución debido a los siderales costos médicos y el desfasaje salarial. El debate por la desregulación del sistema, la derivación de pacientes por alta complejidad y los medicamentos que superan los 40 millones de pesos.
El sistema de salud público y las obras sociales provinciales atraviesan una encrucijada que amenaza su viabilidad en el corto plazo. Desde La Rioja, la administradora de la Administración Provincial de Obra Social (APOS), Claudia Ortiz, encendió las alarmas al blanquear los números de la institución que dirige, exponiendo una realidad que resuena en todo el país: el brutal descalce entre los ingresos provenientes de los salarios de los trabajadores estatales y el costo inflacionario de la medicina.
En una profunda entrevista, Ortiz no dudó en catalogar el presente como una «situación muy crítica financiera». Los números son contundentes y grafican la magnitud del problema: actualmente, el aporte promedio por afiliado (ingreso per cápita) es de $24.000, mientras que el gasto que demanda cada uno de los 137.000 beneficiarios asciende a casi $90.000. A pesar de este abismo, la funcionaria destacó que sigue siendo el gasto más bajo entre las obras sociales provinciales de la Argentina, comparándolo con los $147.000 que registra la vecina provincia de Catamarca.
Un déficit mensual de 7.000 millones de pesos
El impacto inflacionario en el sector de la salud tiene una dinámica propia que asfixia a las cajas provinciales. Ortiz reveló que APOS gasta unos 14.000 millones de pesos mensuales en coberturas, pero la recaudación total —que incluye aportes de trabajadores, contribuciones patronales del Estado provincial y los afiliados provenientes de ANSES— apenas roza los 7.500 millones, generando un rojo mensual cercano a los 7.000 millones.
«El gasto no ha crecido tanto en términos reales, pero los costos médicos tienen una inflación totalmente distinta», explicó la administradora. Como ejemplo, graficó que un día de internación en terapia intensiva de alta complejidad en Buenos Aires cuesta alrededor de 2.900 dólares, mientras que a nivel local ronda los $600.000 diarios. A esto se suma la cobertura de tratamientos de altísimo costo, como medicamentos oncológicos que llegan a valer 40 millones de pesos por paciente.
El debate por la desregulación y la defensa del sistema solidario
En sintonía con las discusiones de alcance nacional, en La Rioja también ha comenzado a sobrevolar la idea de desregular la obra social del Estado, permitiendo que los empleados públicos opten por derivar sus aportes a prepagas privadas. Si bien Ortiz se mostró abierta a dar el debate en la Cámara de Diputados, advirtió sobre las consecuencias letales que esto tendría para el sistema de salud solidario.
«Las obras sociales provinciales están basadas en la solidaridad: el que más tiene aporta un poco más, y el sano le aporta al enfermo. Si se permite la desafiliación, el sistema no se sostiene», argumentó. Además, apuntó contra el desconocimiento de algunos legisladores sobre los costos reales de la salud, señalando que una cuota de $24.000 en el mercado privado no alcanza ni siquiera para la cobertura básica que hoy garantiza APOS.
Alta complejidad: la dependencia de Córdoba y Buenos Aires
Otro de los puntos neurálgicos de la gestión es la derivación de pacientes. La Rioja, al igual que gran parte de las provincias argentinas, carece de infraestructura para tratamientos de alta complejidad. Por ello, APOS deriva un promedio de 800 personas al mes a la provincia de Córdoba para intervenciones mayores, tratamientos oncológicos severos o trasplantes.
Ortiz defendió esta política frente a las críticas burocráticas, remarcando que «la alta complejidad solo existe en Córdoba y en Buenos Aires» y que las demoras suelen estar atadas a los protocolos de auditoría de nuevas drogas o a los procesos de licitación de prótesis, que ahora buscan agilizar mediante la digitalización del sistema y recetas online.
Un futuro marcado por la prevención
En el tramo final de la entrevista, la titular de APOS adelantó que la obra social planea lanzar un plan orientado a los jóvenes y enfatizó la necesidad de enfocarse en la prevención de enfermedades crónicas, que han disparado la tasa de uso del sistema. Según detalló, patologías como la diabetes pasaron de tener una prevalencia del 5% al 14% en los últimos años, convirtiéndose en una verdadera «pandemia» silenciosa. Paradójicamente, este será el tema de la tesis de maestría que Ortiz defenderá próximamente en Buenos Aires, centrada en una start-up para el seguimiento de pacientes diabéticos.
La radiografía de la obra social riojana funciona como un espejo de la tensión estructural que atraviesa el financiamiento de la salud en la Argentina: demandas crecientes, costos dolarizados e ingresos atados a salarios devaluados, una fórmula que exige replanteos urgentes antes de llegar al punto de quiebre.
