La jueza Gisela Flamini ordenó el cambio de carátula de detención contravencional a penal tras confirmar las lesiones. La magistrada advirtió sobre la importancia del examen médico en casos de violencia de género: “Sin eso, es muy difícil avanzar contra el agresor”.
Un nuevo caso de violencia institucional y de género sacude a la provincia de La Rioja. Un efectivo de la Policía de la Provincia fue detenido tras ser denunciado por su pareja, quien aseguró haber sido atacada físicamente. Según trascendió, el agresor habría utilizado un objeto contundente —un palo— para golpear a la mujer, quien radicó la denuncia de inmediato.
En una entrevista exclusiva, la Dra. Gisela Flamini, titular del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N° 2, confirmó que el uniformado ya se encuentra bajo detención penal. «Apenas nos llegó el preventivo al juzgado de manera digital, se libró la orden de detención penal, pasando de ser un arresto contravencional a uno penal», explicó la magistrada.
La clave de la investigación: el certificado médico
Para la justicia, la rapidez del operativo policial inicial fue fundamental, pero lo que permitió sostener la detención fue la existencia de pruebas físicas. Flamini destacó que la víctima accedió a ser revisada por facultativos, un paso que muchas veces se evita por el trauma del momento.
«En este caso teníamos la constatación médica. Aprovecho para decir que cuando no tenemos las lesiones verificadas, es un gran obstáculo. Muchas veces las mujeres no se revisan por vergüenza o incomodidad, pero sin eso es muy difícil corroborar el hecho con el grado de probabilidad que la instancia requiere», detalló la jueza.
Además de los golpes, la investigación apunta a que existieron amenazas de muerte. Un agravante fundamental en la causa es que los hijos de la pareja habrían estado presentes durante el ataque, por lo que la justicia prevé citarlos a declarar mediante Cámara Gessel para resguardar su integridad.
Doble agravante y situación procesal
Pese a que el agresor es miembro de la fuerza de seguridad, la jueza aclaró que su condición de policía no funciona como un agravante específico en este contexto, ya que no estaba en funciones ni utilizó su arma reglamentaria. Sin embargo, la imputación ya es severa por el vínculo.
«Tiene una doble agravante por el hecho de ser pareja y por darse en una situación de violencia de género. El artículo 90 del Código Penal (lesiones) entra en compatibilidad con el 80 (homicidio agravado por el vínculo)», señaló Flamini, subrayando la gravedad del encuadre legal que enfrenta el efectivo.
Menores en conflicto con la ley: una aclaración necesaria
Durante la entrevista, la magistrada también aprovechó para despejar dudas sobre la competencia judicial ante el aumento de menores implicados en infracciones de tránsito o delitos.
Al respecto, aclaró que su juzgado interviene exclusivamente «cuando el menor es víctima». En los casos donde los menores son supuestos autores de delitos —como el caso de jóvenes manejando motocicletas de forma temeraria—, la competencia recae sobre el Juzgado de Familia en su Secretaría Penal.
El efectivo policial permanecerá detenido mientras continúa la instrucción de la causa, en un proceso que busca sentar un precedente sobre la tolerancia cero a la violencia de género dentro de las propias filas de las fuerzas de seguridad.