El secretario del gremio de viales en La Rioja, Esteban Carrizo, advirtió que el nuevo decreto presidencial faculta a las jurisdicciones a hacerse cargo de los tramos nacionales. Aseguran que la Ruta 79 es «inviable» y alertan por el riesgo en la seguridad vial ante la falta de mantenimiento.
La crisis que atraviesa la obra pública en el país sumó un nuevo capítulo de tensión en La Rioja. Los trabajadores de la delegación local de Vialidad Nacional se declararon en estado de alerta permanente ante lo que consideran un plan de «desmantelamiento» del organismo. La preocupación central radica en el Decreto 253, que habilita al Gobierno Nacional a celebrar convenios para que las provincias asuman la gestión de las rutas nacionales.
En diálogo con la prensa, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales, Esteban Carrizo, calificó la situación como de «total incertidumbre». Según el dirigente, el traspaso de responsabilidades representa una amenaza directa a la estabilidad laboral: “Esto impacta en la funcionalidad de los distritos; nos podríamos quedar sin trabajo si las provincias se hacen cargo”, advirtió.
El fantasma de las rutas intransitables
Uno de los puntos más críticos del reclamo es el estado de la red vial. Carrizo puso el foco en la Ruta Nacional 79, un tramo vital que une localidades como Chamical y Casa de Piedra. Según el gremialista, la situación de esa calzada es terminal. “Es inviable repararla. Echarle un poquito de asfalto a los baches no sirve para nada; hace falta una obra nueva completa”, sentenció.
La falta de fondos no solo afecta a las grandes obras, sino también al mantenimiento cotidiano. Los trabajadores denuncian que la falta de financiamiento —derivado principalmente de la caída en la recaudación del impuesto a los combustibles— impide incluso tareas básicas como el cambio de luminarias en los distritos. “Vialidad Nacional necesita que el dinero llegue para ser una actividad estratégica. Hoy no hay fondos ni para un certificado de obra”, explicó Carrizo.
Contraste regional y seguridad vial
Durante la protesta, se hizo hincapié en el deterioro desigual de las rutas en comparación con provincias vecinas como Córdoba o Catamarca. Si bien Carrizo atribuyó esto a factores como la antigüedad de los tramos y el flujo del transporte de carga, reconoció que existe una falta de proyección en el mantenimiento por parte de las autoridades competentes.
Pese a las promesas oficiales de reactivar obras como la de la Ruta 75 (zona de túneles), el gremio asegura que el quinto mes del año transcurre sin ver máquinas operativas en el terreno. Por este motivo, los viales locales mantienen la amenaza de medidas de acción directa de manera inminente.
Un futuro condicionado por la coparticipación
Para el sector gremial, el traspaso de rutas a una provincia como La Rioja, que cuenta con una red nacional de aproximadamente 2.000 kilómetros, es impracticable bajo el actual esquema de envíos de fondos de coparticipación. “Sería muy difícil para La Rioja hacerse cargo. Esto parece estar pensado para provincias más pudientes”, concluyó Carrizo, subrayando que la seguridad de quienes transitan las carreteras argentinas hoy pende de un hilo debido al ajuste presupuestario.