El anuncio de un aumento financiado con recursos propios busca desactivar la narrativa del ahogo financiero de la Nación. En paralelo, el plan de desendeudamiento expone un dato alarmante: el fuerte salto de la morosidad en el Banco Rioja refleja el límite del consumo con tarjeta para los empleados públicos.
El anuncio del Gobierno de La Rioja respecto a la próxima recomposición salarial para los empleados estatales contiene mucho más que una simple paritaria sectorial; se trata de un prolijo movimiento de ajedrez político y macroeconómico regional. Al asegurar que la mejora prevista para julio —a cobrarse en agosto— no está condicionada al demorado adelanto de coparticipación federal solicitado a la Nación, la administración de Ricardo Quintela busca eyectar un mensaje de autonomía financiera y, fundamentalmente, de fortaleza política.
La puesta en escena corrió por cuenta del secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera. El funcionario no solo ratificó el cronograma y el pago del medio aguinaldo, sino que eligió marcar una distancia conceptual con los despachos de la Casa Rosada: «Nosotros no dependemos de los fondos de la Nación ni del adelanto de coparticipación», sentenció, apuntando a un esquema de reasignación interna de partidas presupuestarias.
La jugada encierra una doble lectura:
- Hacia el frente externo: La Casa de las Tejas intenta desmontar el argumento de que la provincia se encuentra paralizada o de rodillas ante el goteo regulado de fondos discrecionales por parte de la administración central. Si el auxilio financiero nacional llega, sostienen en el entorno gubernamental, servirá para mitigar la «tensión financiera», pero no operará como el fusible que determine la paz social interna.
- Hacia el frente interno: El Ejecutivo provincial necesita reactivar el consumo en una economía local donde el empleo público es el principal motor de la actividad comercial. Tras meses de alta inflación, postergar la mejora de los haberes hasta destrabar la negociación con la Nación implicaba un costo político y social que el «Gobernador militante» no estaba dispuesto a absorber.
El fantasma del 13%: la tarjeta de crédito como síntoma de la crisis
El dato más político y preocupante del escenario riojano, sin embargo, no emergió del área de Hacienda, sino de la contabilidad fina del Banco Rioja. La confirmación oficial de que se analiza un «plan de desendeudamiento» para los estatales desnudó una realidad que los equipos técnicos ya no pueden camuflar bajo la alfombra: el salario ya no alcanza ni para pagar las deudas del mes anterior.
El indicador que encendió las alarmas rojas en el gabinete provincial fue aportado días atrás por el vicepresidente de la entidad bancaria local, Marcelo Becerra. El salto de la morosidad en las tarjetas de crédito de la institución fue drástico:
| Indicador Financiero (Banco Rioja) | Período Anterior | Período Actual | Impacto |
| Tasa de Morosidad en Tarjetas | 2,5% | 13,0% | Incremento de más de 5 veces en dos años |
Este salto de la irregularidad en las cuentas refleja una mutación en la conducta del consumidor estatal. La tarjeta de crédito dejó de ser una herramienta de financiación de bienes durables o esparcimiento para transformarse en el recurso desesperado de cobertura para la canasta básica de alimentos y servicios esenciales. Cuando el sueldo neto se deposita, los débitos automáticos del propio banco y los mínimos de los plásticos licúan los ingresos de manera automática en el primer día del mes.
El rescate financiero como estrategia de contención
El programa de desendeudamiento que Herrera mantiene en etapa de estudio preliminar no debe leerse como una medida de asistencia técnica aislada, sino como un salvavidas de matriz netamente política. En la gobernación entienden que otorgar un aumento salarial en pesos sin corregir la sangría financiera previa equivale a tirar agua en un balde pinchado: los nuevos fondos irían directo a saldar los intereses punitorios del sistema bancario, sin impactar en las góndolas riojanas.
Al utilizar al Banco Rioja como brazo ejecutor para postergar vencimientos o consolidar pasivos a tasas subsidiadas, Quintela busca recuperar el control del poder adquisitivo de su base electoral más sólida. En términos de realismo político, el desendeudamiento funciona hoy como la segunda etapa indispensable de la recomposición salarial.
La Rioja se encamina así a testear un modelo de resistencia económica: emitir señales de autosuficiencia hacia Buenos Aires mientras diseña un plan de rescate fronteras adentro para evitar que la cadena de pagos del sector público termine de crujir.