El Banco Central autorizó a las entidades financieras a radicar las cuentas abiertas de forma remota en las jurisdicciones con menores tasas. Con una alícuota del 9% al sector, la provincia queda en desventaja frente al arbitraje fiscal que promueve la desregulación.

LA RIOJA.– La pulseada de fondo que la administración de Javier Milei mantiene con los gobernadores por la presión fiscal sumó un capítulo de altísimo impacto para las arcas provinciales. A través de una medida técnica de vigencia inmediata, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilitó a las entidades financieras a radicar las cuentas abiertas de forma digital en cualquier sucursal del país. La decisión busca deliberadamente que los bancos eludan las altas alícuotas del Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) y las tasas municipales que encarecen el crédito, abriendo un escenario de fuerte competencia donde La Rioja —con una de las cargas tributarias más elevadas del mapa nacional— arriesga una pérdida de base imponible.

La normativa dictada por la entidad que conduce Santiago Bausili determina que, si una caja de ahorro, cuenta corriente o cuenta sueldo se tramita de manera no presencial a través de canales electrónicos, el banco puede asignarla a la casa operativa que le resulte más conveniente. El único requisito estructural es informar al usuario al momento de la apertura.

De esta manera, el domicilio físico del cliente o de la empresa deja de ser el ancla para la tributación de sus movimientos financieros. Las entidades bancarias y las fintech podrán mudar digitalmente esos activos hacia distritos que ofrezcan un tratamiento impositivo más amigable.

El mapa del arbitraje: el norte, partido en dos

La medida reabre el debate sobre la asimetría impositiva en la región y expone a los distritos con mayor voracidad fiscal a lo que en el mercado se conoce como «arbitraje». Según el último relevamiento de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), La Rioja forma parte del pelotón que castiga con mayor dureza la actividad financiera formal.

Alícuota de Ingresos Brutos	Jurisdicciones
9,10%	La Pampa
9,00%	La Rioja, Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán
8,50%	San Juan
8,00%	CABA, Chaco, Jujuy y Salta
3,00%	Santiago del Estero (aplicado sobre el spread)

La brecha geográfica dentro del propio Norte Grande es elocuente. Con la nueva desregulación, un banco que capte un cliente de manera remota dentro de la capital riojana o en el interior provincial podrá radicar legalmente esa cuenta en una sucursal de Santiago del Estero. Al hacerlo, pasará de tributar una alícuota del 9% sobre sus ingresos financieros a una de apenas el 3% sobre el spread (la diferencia entre la tasa de interés que cobran por los préstamos y la que pagan por los depósitos).

La encrucijada para el Palacio de Hazaña y el Banco Rioja

En los despachos oficiales de la Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP) observan la medida con extrema preocupación. La recaudación local ya acusa el impacto del enfriamiento económico generalizado: los últimos indicadores consolidados del primer trimestre reflejaron una caída real del 21,5% en la recaudación de Ingresos Brutos, producto del desplome del consumo masivo frente a la inflación acumulada. Un drenaje de cuentas virtuales hacia sucursales de otras provincias profundizaría ese bache en la coparticipación municipal y los fondos corrientes.

La normativa del BCRA introduce además un dilema de competencia para el Banco Rioja S.A.U. Si bien la Ley Impositiva de la provincia contempla un régimen especial para la banca pública nativa —fijando una alícuota sustitutiva del 1,25% para los servicios de la banca minorista—, el resto de la banca privada formal instalada en el territorio provincial se rige por la escala general.

“La alta carga de impuestos distorsivos que soporta la actividad financiera explica el bajo nivel de préstamos en relación con el PBI que arrastra el país”, argumentaron de forma conjunta las cuatro cámaras bancarias (ADEBA, ABA, ABAPPRA y ABE).

Con esta estocada digital, el Gobierno nacional no necesita leyes de reforma fiscal para forzar una baja de impuestos en el interior. Le basta con darles a los bancos la libertad de elegir dónde asentar sus operaciones virtuales, obligando a provincias como La Rioja a convalidar una rebaja impositiva en sus leyes de Presupuesto si no quieren ver cómo los depósitos locales se mudan de jurisdicción con un solo clic.