El diputado provincial de La Libertad Avanza Diego Molina Gómez cuestionó una iniciativa que se administraría desde el Ministerio de Desarrollo y advirtió sobre los márgenes de discrecionalidad en el reparto de subsidios y líneas de financiamiento. El oficialismo enmarca este tipo de herramientas en las políticas de economía social.

El diputado provincial de La Libertad Avanza Diego Molina Gómez cuestionó un proyecto impulsado por el oficialismo riojano para crear un fondo destinado a la promoción de cooperativas y mutuales, cuya administración recaería en el Ministerio de Desarrollo. El legislador opositor advirtió sobre los “amplios márgenes de discrecionalidad” que, a su entender, habilitaría la iniciativa, y la vinculó con la disputa electoral rumbo a 2027.

El planteo reabre el debate sobre el manejo de los recursos públicos en una provincia cuya economía depende de manera estructural del Estado, y anticipa el tono que tendrá el tratamiento legislativo del proyecto, en el que el quintelismo conserva la mayoría.

Qué contempla la iniciativa

De acuerdo con la descripción del legislador, el proyecto crea fondos especiales y habilita subsidios, líneas de financiamiento, convenios con entidades financieras y un esquema de “compre riojano” sostenido con recursos públicos. La administración del instrumento quedaría a cargo de la cartera de Desarrollo, conducida por Alfredo “Turco” Menem, yerno del gobernador Ricardo Quintela.

Según Molina Gómez, parte de los recursos provendrían del Estado provincial y del Banco Rioja, la entidad financiera oficial. El esquema, planteó, otorgaría a la autoridad de aplicación la potestad de decidir quién accede a los beneficios y bajo qué condiciones.

Las objeciones de la oposición

El núcleo del cuestionamiento libertario apunta a la concentración de facultades para asignar fondos. Molina Gómez asoció la iniciativa con cuestionamientos previos sobre el manejo de recursos a través de organizaciones no gubernamentales y la describió como un “mecanismo más sofisticado” para canalizar dinero estatal con escaso control.

El legislador fue más lejos y planteó como interrogante si el fondo podría convertirse en una “caja política” orientada a financiar una eventual candidatura a gobernadora de la diputada nacional Gabriela Pedrali, a quien presentó como aliada del oficialismo provincial. Se trata de una afirmación de carácter político, sin sustento en una resolución judicial o administrativa que la respalde.

Hasta el momento, el oficialismo provincial no formuló una respuesta pública a los señalamientos. El Gobierno suele encuadrar este tipo de instrumentos dentro de las políticas de fomento de la economía social y solidaria.

Economía social: el marco y los antecedentes

La creación de fondos de asistencia para cooperativas y mutuales constituye una herramienta extendida en otras jurisdicciones. Provincias como Río Negro y Córdoba instrumentaron en los últimos años programas de financiamiento para el sector, con líneas de crédito, aportes reintegrables y subsidios administrados por sus respectivos ministerios de Desarrollo.

En La Rioja, el sector de la economía social viene reclamando la implementación efectiva de la Ley 8.901, concebida para administrar fondos del propio movimiento cooperativo y mutual, que permanece sin reglamentación operativa. Ese reclamo, sostenido por federaciones y respaldado por sectores de la Iglesia riojana, expone la otra cara del debate: la demanda de herramientas concretas de financiamiento para un sector que se reivindica como generador de empleo y cohesión social.

La polémica condensa una tensión de fondo de la política riojana. En una provincia donde el Estado es el principal articulador de la actividad económica, el control sobre los fondos discrecionales constituye una de las llaves del poder, y toda nueva herramienta de financiamiento se lee, casi inevitablemente, en clave electoral. La discusión no es solo si el sector cooperativo necesita respaldo —lo reclama desde hace años—, sino bajo qué reglas, con qué controles y con qué transparencia se reparten esos recursos. En ese punto, el cruce entre el oficialismo y la oposición libertaria anticipa una de las batallas que estructurarán el camino hacia 2027: la del manejo de la caja del Estado provincial.