La Asociación Civil 10 de Abril presentó la iniciativa en la Legislatura para crear un registro voluntario de agentes retirados. Afirman que aliviará la situación económica y cubrirá puestos en hospitales, pero ya surgieron fuertes cruces y acusaciones de desinformación dentro de la fuerza.

El debate en torno a la situación previsional, el poder adquisitivo y las funciones del personal policial en La Rioja sumó un nuevo foco de alta tensión. La Asociación Civil 10 de Abril, que nuclea a retirados de la Policía y del Servicio Penitenciario provincial, presentó formalmente un proyecto en la Cámara de Diputados para modificar la Ley 761 (Reglamentación del Personal Policial). La iniciativa propone habilitar un registro voluntario para que los agentes retirados puedan volver a prestar servicios de seguridad bajo la regulación de la Jefatura de Policía.

Aunque los impulsores defienden la propuesta como una salida laboral genuina ante la crisis económica, el proyecto ya generó «ruido» y fuertes divisiones en la fuerza. El propio presidente de la asociación, Carlos Hérvaez, salió al cruce de las críticas que los acusan de querer «hacer trabajar a los ancianos» y apuntó contra otros sectores de retirados por generar «zozobra» de manera deliberada.

En qué consiste el proyecto: «El policía nunca pierde el estado policial»

Hérvaez aclaró que, debido al régimen actual, muchos oficiales y suboficiales se retiran jóvenes, entre los 43 y 50 años de edad, encontrándose en plenitud física y psicológica. El proyecto busca que aquellos que lo deseen puedan incorporarse a un padrón controlado y auditado anualmente por la Jefatura de Policía a través de exámenes psicofísicos.

«El funcionario no se jubila, se retira; el estado policial se mantiene hasta el último latido del corazón. Es un registro estrictamente voluntario para el personal que se sienta en condiciones y tenga la necesidad económica de contar con un ingreso genuino, ya que el servicio adicional es un extra que dignifica a las familias», argumentó el titular de la asociación.

Para llevar tranquilidad al personal en actividad, Hérvaez remarcó de forma tajante que la iniciativa no busca quitarle horas de servicio ni adicionales a los policías activos. Según el proyecto, los retirados se abocarían a tareas de menor riesgo y complejidad:

• Destinos previstos: Custodia en instituciones de baja conflictividad como el Hospital Vera Barros, el Hospital de la Madre y el Niño, entidades bancarias o transporte de caudales.
• Exclusiones: Los operativos de alta complejidad y el patrullaje de calle seguirán bajo la órbita exclusiva de los cuerpos especiales como la Guardia de Infantería o el CAPE.

Cruces internos y acusaciones de desinformación

La propuesta no tardó en cosechar detractores dentro del propio ámbito de los uniformados. Hérvaez apuntó con nombre y apellido contra el referente de otra agrupación del sector, Claudio Vera, acusándolo de boicotear el diálogo e infundir temor entre los agentes.

«Se ha encargado de desinformar a la gente. El jefe de la Policía, el general Molina, lo invitó a pasar a su despacho para que se interiorizara del proyecto junto a nosotros y se negó. Habla desde el desconocimiento diciendo que queremos hacer volver a trabajar a compañeros de 70 u 80 años», disparó Hérvaez, quien aseguró que el proyecto fue catalogado como «excelente y no corrosivo» por la cúpula policial.

El camino legislativo y la actualización por los «Chachos»

El texto ya ingresó por mesa de entradas a la Comisión de Proyectos de la Legislatura provincial, donde fue recibido por el diputado Claudio Ruiz. En los próximos días, la comisión —coordinada por Danilo Flores— evaluará la viabilidad técnica y convocará a las autoridades del Ministerio de Gobierno y de la Jefatura de Policía para dictaminar si la reforma genera algún perjuicio institucional.

Hacia el cierre de sus declaraciones, el referente de la Asociación 10 de Abril defendió la gestión que llevan adelante por fuera de la mesa salarial y anticipó que están trabajando junto al Ejecutivo ante la inminente implementación del incremento salarial y la circulación de las cuasimonedas.

«El Gobernador siempre ha sido empático y nos ha incluido en los beneficios del resto de la administración pública. Por eso, estamos pidiendo a todos los retirados y pensionados que actualicen con urgencia sus datos de contacto y bocas de pago en la Jefatura para asegurar que, en caso de otorgarse los bonos ‘Chachos’, el beneficio llegue de manera directa y sin demoras a las manos de cada familia policial», concluyó.