El gobernador riojano busca blindar la soberanía territorial mediante una normativa que declara la nulidad absoluta del acuerdo de la dictadura de 1968. La iniciativa faculta a la Fiscalía de Estado a trabar medidas cautelares urgentes para resguardar recursos mineros e hídricos en la cordillera.

La histórica disputa fronteriza entre La Rioja y San Juan ingresó en una fase de máxima institucionalización y tensión jurídica. Tras los encendidos reclamos de la dirigencia del peronismo local, el gobernador Ricardo Quintela decidió avanzar a paso firme y envió a la Cámara de Diputados provincial un proyecto de ley clave para dotar a la provincia de herramientas jurídicas y un férreo respaldo político-institucional frente a la vecina provincia cuyana.

La iniciativa, dirigida a la presidenta de la Legislatura, Teresita Madera, apunta a activar de manera inmediata todos los resortes legales y administrativos frente a lo que el oficialismo considera una afectación directa al patrimonio provincial. El apuro legislativo se asienta sobre un componente económico estratégico: el avance de proyectos mineros de gran envergadura y la consolidación de áreas protegidas de alto valor en la zona cordillerana en disputa.

El rechazo al acuerdo de la dictadura y la «nulidad de origen»

El núcleo de la normativa que comenzará a debatir el parlamento riojano —donde el oficialismo ostenta una cómoda mayoría— radica en el desconocimiento absoluto de las fronteras fijadas a finales de la década de 1960. El texto ratifica en todos sus términos la Ley Provincial N° 3.468, mediante la cual se había desechado el acuerdo de límites suscripto en marzo de 1968 por los entonces interventores de facto Guillermo Iribarren (La Rioja) y Edgardo Gómez (San Juan).

Asimismo, el artículo 3° de la ley propuesta establece el «rechazo absoluto» a la validez y constitucionalidad de la Ley Nacional de facto N° 18.004. Desde la administración de Quintela argumentan que dicha norma dictada por la dictadura militar constituyó un «despojo flagrante a la geografía de los riojanos» y que adolece de una «insanable nulidad de origen» al pretender fijar fronteras de manera unilateral y sin el debido proceso que la Constitución Nacional le confiere de forma exclusiva al Congreso de la Nación.

Escudo legal: cautelares para frenar la explotación minera de San Juan

Más allá del posicionamiento histórico, la ley otorga facultades extraordinarias y mandatos específicos a distintas órbitas del Estado para frenar cualquier avance de San Juan sobre el territorio reclamado:

• Ofensiva judicial: Se instruye a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones de forma inmediata y solicitar ante los tribunales competentes medidas cautelares de no innovar o de tutela anticipada.
• Blindaje de recursos: El objetivo de estas cautelares es salvaguardar de manera urgente los recursos naturales, hídricos, arqueológicos y, fundamentalmente, mineros ubicados en la zona de conflicto.
• Freno a concesiones: La Rioja buscará impedir judicialmente cualquier acto de disposición, explotación o avance jurisdiccional unilateral por parte de San Juan o de terceros concesionarios privados hasta que se resuelva la discusión de fondo.

Creación de una Comisión Especial Permanente

Para garantizar el seguimiento técnico y político de la disputa, el proyecto crea bajo la órbita de la Función Legislativa una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial, que tendrá carácter permanente. La misma estará integrada por siete diputados provinciales respetando la proporcionalidad política, pero sumará en calidad de miembros consultivos a historiadores, geógrafos, peritos en cartografía y especialistas en minería.

Esta comisión tendrá la tarea de sistematizar los antecedentes históricos y, fundamentalmente, coordinar canales de diálogo directos con los legisladores nacionales riojanos en el Congreso de la Nación. El objetivo de máxima del Palacio de las Tejas es lograr que las espadas parlamentarias en Buenos Aires fuercen el tratamiento de un proyecto de ley nacional que determine, por la vía constitucional correspondiente, los límites definitivos que le corresponden por derecho a La Rioja.

Proyecto de ley