El presidente del Colegio de Ingenieros Agrimensores de San Juan aseguró que los límites ya fueron definidos por acuerdo entre provincias, refrendados por ley nacional y ratificados años después.
Mientras la Legislatura de La Rioja aprobó sobre tablas el polémico proyecto del Poder Ejecutivo para reclamar formalmente una porción estratégica de territorio sanjuanino, desde el plano técnico salieron a cruzar con dureza la iniciativa. Expertos aseguraron que los límites divisorios interprovinciales fueron rigurosamente zanjados y que el avance riojano carece por completo de sustento geográfico y legal.
La ofensiva política orquestada por el gobernador riojano Ricardo Quintela apunta directo al corazón de dos de los activos más valiosos de San Juan: el Parque Provincial Ischigualasto —Patrimonio de la Humanidad conocido popularmente como Valle de la Luna— y la zona de alta cordillera donde se despliega el megaproyecto minero de cobre y oro Vicuña. Ante este escenario, la reacción institucional fue inmediata.
Francisco Gilbert, presidente del Colegio Profesional de Ingenieros Agrimensores de San Juan, fue categórico al desarmar los fundamentos del reclamo riojano. El especialista detalló que la frontera bilateral no solo se basó en pactos políticos preexistentes, sino que cuenta con el aval técnico indiscutible del Instituto Geográfico Nacional (IGN), que actuó como árbitro en los trabajos de campo realizados de común acuerdo entre ambas jurisdicciones.
«El establecimiento de límites se hace por acuerdo entre las dos provincias y ese acuerdo sí o sí hay que refrendarlo con una ley nacional. Estos pasos ya están dados en el caso de San Juan y La Rioja. Ya se hizo el acuerdo y está la ley nacional que lo refrenda y establece el límite», remarcó Gilbert.
La base jurídica que sepulta las aspiraciones de La Rioja se remonta a la Ley Nacional N.º 18.004 de 1968. Si bien el bloque riojano intentó impugnar su validez argumentando que fue sancionada durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, Gilbert pulverizó esa posición al recordar un antecedente clave del Congreso de la Nación: en el año 2014, ya en plena democracia, el parlamento nacional sancionó una ley de consolidación jurídica que ratificó explícitamente un listado de normas de límites territoriales, entre las cuales se encontraba el convenio de San Juan y La Rioja.
Trabajo de campo e ingeniería satelital
Más allá del blindaje normativo, el agrimensor expuso que la traza no es un mero dibujo en un escritorio de Buenos Aires, sino el resultado de un extenso operativo en el terreno. Entre 2005 y 2006, delegaciones técnicas de San Juan, La Rioja y el IGN conformaron una comisión binacional con un objetivo unívoco: fijar las coordenadas geográficas exactas y modernas de los hitos tradicionales.
«Lo verdaderamente importante es que en aquel entonces nunca se cuestionaron los puntos de ese límite. Lo que se hizo fue determinar técnicamente la ubicación georreferenciada de esos hitos», precisó el especialista. Como muestra de ello, mencionó el cerro El Potro, una elevación natural clave para la demarcación y que hoy se encuentra en el centro de las miradas debido al millonario desarrollo minero Vicuña. «El cerro El Potro está definido como límite. Lo que hicimos las provincias junto al IGN fue tomar la coordenada exacta y dejarla fijada», sentenció.
La pelea de fondo por los dólares mineros
La controversia fronteriza viene escalando de manera subterránea desde abril pasado, momento en que la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, dictara una medida cautelar ordenando paralizar preventivamente por 30 días las tareas en el yacimiento minero Vicuña, además de bloquear el tránsito vehicular por rutas que conectaban con La Rioja. Aquella resolución judicial fue utilizada políticamente por Quintela para justificar una mesa de negociación directa con las empresas concesionarias.
Pese a que las partes lograron un acuerdo temporal que destrabó la circulación y normalizó la operatoria minera, la sorpresiva sanción legislativa riojana de este viernes volvió a dinamitar los puentes institucionales. El gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, ya fijó su postura y fue tajante al advertir que «no va a permitir que se ponga en duda lo nuestro», apoyándose en que la Constitución Nacional prohíbe taxativamente que una legislatura provincial altere o modifique fronteras por cuenta propia.
Para la comunidad científica y técnica de San Juan, el conflicto carece de margen de duda. «Sinceramente, no sabemos cuáles son los argumentos que maneja La Rioja para volver a discutir esto. Entendemos que en la zona cuestionada todo está perfectamente delimitado desde hace 57 años», concluyó Gilbert, anticipando que los equipos profesionales de agrimensura de la provincia se pusieron a entera disposición de la Casa de Gobierno para blindar la soberanía territorial.