El legislador de La Libertad Avanza, Diego Molina Gómez, arremetió en duros términos contra el oficialismo y sus aliados tras la aprobación del reclamo territorial. Denunció «pobreza técnica», violación de la autonomía de la Fiscalía de Estado y vicios de nulidad: «Solo la Corte Suprema puede dirimir esto».

La aprobación de la ley con la que el oficialismo de La Rioja pretende reabrir el litigio fronterizo y minero con la provincia de San Juan desató una verdadera batalla de interpretaciones jurídicas y acusaciones de altísimo voltaje político. Horas después de que el peronismo y el radicalismo abroquelaran sus votos en el recinto, el diputado provincial de La Libertad Avanza (LLA), Diego Molina Gómez, rompió el silencio con un durísimo descargo. El referente libertario alineado con Martín Menem tildó la nueva normativa de «engendro inconstitucional e inaplicable» y acusó al gobierno de Ricardo Quintela de montar «política barata para la tribuna» mediante un texto plagado de errores técnicos.

«Ayer fui testigo de hasta dónde puede llegar la ignorancia de la banda política llamada quintelismo, cuya conformación está diseñada para repartir bolsones y no para administrar una sociedad. Aprobaron un engendro de ley sobre el conflicto limítrofe totalmente viciado de nulidad, no solo por su origen y por la falta de capacidad y transparencia, sino también por sus formas y por su fondo. Es todo sarasa, sin ningún tipo de estudio serio«, disparó el legislador de las fuerzas del presidente Javier Milei.

Molina Gómez apuntó de lleno contra la trastienda de la redacción del proyecto, señalando al Asesor General de Gobierno, Pedro «Sotana» Goyochea, y criticó que la norma fuera ingresada «entre gallos y medianoche», violando el principio de publicidad y el reglamento interno del cuerpo.

Una «ensalada de frutas» legislativa y el ninguneo a los organismos de control

En su minucioso análisis de la técnica legislativa empleada por la mayoría peronista, el diputado de La Libertad Avanza desglosó lo que consideró errores insólitos para el derecho público, asegurando que el texto confunde posicionamientos ideológicos con mandatos operativos de cumplimiento imposible.

«La ley es un multiobjeto, una verdadera ensalada de frutas. Mezclan declaraciones políticas para la tribuna con disposiciones operativas. Además, ratifican una propia ley provincial que nunca estuvo derogada; la ratificación solo procede en procedimientos complejos de más de dos voluntades, así que a marzo, Jaimito. Para colmo, facultan al Gobernador para una función que ya es propia de él por imperio constitucional; la delegación de facultades es respecto de atribuciones propias, no de las del Ejecutivo«, argumentó el economista y legislador.

Las inconsistencias de la ley de límites según la oposición libertaria

• Fundamentación Pobre: LLA denunció que el texto intenta reivindicar soberanía territorial histórica de La Rioja sin identificar ni un solo antecedente normativo o cartográfico que sustente jurídicamente la pretensión de las mensuras.
• Avasallamiento a la Fiscalía: Molina Gómez alertó que la Cámara de Diputados le instruyó una estrategia judicial específica al Fiscal de Estado, atentando directamente contra su autonomía funcional.
• Comisión Especial: El diputado calificó de «falopa» el nuevo cuerpo de 18 legisladores encargados de investigar los mapas: «Ya lo decía el General: si quieres que algo no funcione, crea una comisión».

El Camino Legal del Conflicto Limítrofe (Análisis de LLA):
    ├── Vía Inconstitucional: Ley Provincial Declarativa (Viciada de nulidad y retroactividad)
    └── Vía Constitucional (Art. 127 CN): Presentación directa de quejas ante la Corte Suprema de Justicia

El fondo constitucional: el reclamo por el juez natural

El nudo central de la impugnación de La Libertad Avanza radica en el encuadre institucional del diferendo con San Juan por las regalías del megaproyecto minero Vicuña. Molina Gómez recordó que, bajo el ordenamiento jurídico de la República Argentina, ninguna provincia cuenta con las facultades para declarar la invalidez o la inconstitucionalidad de una norma del pasado —como la Ley Nacional de facto 18.004 de 1968— con efectos retroactivos.

«Solo el Poder Judicial de la Nación puede declarar una inconstitucionalidad. El artículo 127 de la Constitución Nacional establece con total claridad que las quejas y disputas de las provincias entre sí deben ser sometidas exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia. La Corte es el juez natural para dirimirlo. El Congreso Nacional puede modificar leyes hacia adelante, pero no tiene la facultad de declarar que una norma del pasado violó la Constitución con efectos retroactivos invalidantes», puntualizó el legislador opositor.

Finalmente, el referente libertario vinculó el conflicto institucional a la alarmante degradación económica y social que arrastra el distrito norteño bajo la conducción del PJ riojano. «La Rioja está sumida en una maldición gitana. Pero el final de esta historia ya está escrito: LLA 2027», concluyó Molina Gómez, desafiando de cara al armado electoral ejecutivo la hegemonía de un oficialismo provincial que hoy enfrenta fracturas parlamentarias y tensiones directas con la Casa Rosada.