El presidente de la bancada peronista, Cristian Pérez, defendió la ley que desconoce un acuerdo de límites de la dictadura de 1968. Explicó que pedirán una medida cautelar de «no innovar» ante el Máximo Tribunal para paralizar las obras y regalías del mega-proyecto Vicuña. Además, confirmó que ya son siete las denuncias contra la cúpula judicial.

La histórica disputa fronteriza entre La Rioja y San Juan escaló a un nivel de conflicto institucional y económico sin precedentes. Tras la sanción de la ley que faculta a la provincia norteña a rediscutir sus límites geográficos, el presidente del bloque de diputados justicialistas, Cristian Pérez, confirmó que la estrategia diseñada por el gobernador Ricardo Quintela apunta a una ofensiva total ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo principal es obtener una medida cautelar de «no innovar» que paralice de inmediato las millonarias exploraciones y explotaciones mineras que San Juan ejecuta en la zona cordillerana en disputa, puntualmente dentro del codiciado Distrito Vicuña.

En diálogo con la prensa, Pérez apeló a una metáfora simple para explicarle la controversia a los ciudadanos:

«Es como si dos vecinos legítimos alquilan sus propiedades y los inquilinos temporales deciden correr la medianera tres metros hacia adentro del terreno del otro con el aval de un policía de paso. Cuando vuelve la democracia, los verdaderos dueños plantean la nulidad absoluta de ese acuerdo. Los gobernadores de facto de 1968, Iribarren y Gómez, eran inquilinos de la dictadura militar. No tenían la potestad legislativa ni jurídica para ceder territorio riojano. San Juan corrió la medianera y ahora está haciendo perforaciones y megaproyectos mineros en nuestro terreno», denunció el jefe de la bancada mayoritaria.

El resguardo jurídico y la desmentida al gobernador sanjuanino Marcelo Orrego

El legislador nacional detalló que la ley riojana, compuesta por ocho artículos, ratifica en primera instancia la Ley Provincial 3468 de 1974 que ya desconocía el deslinde dictatorial. Ante la enérgica reacción de las autoridades sanjuaninas, quienes defendieron la vigencia de la delimitación actual basándose en un Digesto Jurídico aprobado por el Congreso Nacional en 2014, Pérez descalificó el argumento del gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego.

«Orrego cuenta una parte de la historia pero oculta el final. En 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo que invalidó ese digesto y ese paquete de leyes porque no se siguieron los pasos correspondientes de consulta e intervención técnica interprovincial. Volvimos a cero. La posición riojana no es descabellada ni alocada: tenemos el sustento histórico, los títulos catastrales inscriptos a nombre de riojanos y los registros topográficos previos a 1968″, argumentó el diputado.

Las claves de la ley de soberanía territorial aprobada en La Rioja

• Freno a la minería: Mandato a la Fiscalía de Estado para exigir ante la Corte Suprema el cese total de trabajos, obras e investigaciones geológicas de las empresas que operan bajo el amparo de San Juan.
• Comisión Investigadora: Creación de un cuerpo de 18 legisladores de todos los bloques, peritos, geógrafos e historiadores para sistematizar los antecedentes cartográficos históricos.
• La prueba de la huella: Pérez destacó que para que las mineras (como el proyecto Vicuña) operen, deben usar los caminos y huellas que se construyeron históricamente ingresando por territorio riojano (Felipe Varela y Lamadrid), lo que ratifica la pertenencia geográfica.

Litigio por el Distrito Minero Vicuña:
    ├── Postura de San Juan (Orrego): Aval en el Digesto del Congreso (2014) / "Recursos innegociables"
    ├── Postura de La Rioja (Quintela): Fallo de la Corte Suprema (2017) invalida el Digesto ──> Límite vuelve a cero
    └── Acción judicial inminente: Pedido riojano de medida de NO INNOVAR ante la Corte Suprema

Respecto al canal de diálogo político entre las provincias, Pérez señaló que si bien existieron contactos telefónicos previos entre Quintela y el exgobernador sanjuanino Sergio Uñac, el litigio quedó congelado en los escritorios del Ministerio del Interior nacional durante años. «Ninguno de los acuerdos de los gobernadores de facto pasó jamás por las legislaturas de las provincias ni por el Congreso tal como manda el artículo 75 de la Constitución. Los únicos que no acompañaron ayer la defensa de la tierra de los riojanos y prefirieron abstenerse fueron los diputados de La Libertad Avanza», criticó.

Ola de denuncias en la Legislatura: ya son siete los pedidos de juicio político a la Justicia

Más allá de la controversia fronteriza, Pérez confirmó que la Legislatura riojana se convirtió en un verdadero embudo de denuncias dirigidas contra las máximas autoridades judiciales de la provincia. En las últimas horas, el bloque justicialista convalidó el ingreso de cuatro nuevos expedientes, elevando a un total de siete los pedidos de juicio político activos en la Cámara Alta.

Finalmente, detalló que los plazos administrativos se verán condicionados por el receso de invierno: «Los expedientes pasaron a la Sala Acusadora, una comisión de 18 diputados elegidos por sorteo que debe constituirse formalmente para designar sus autoridades y conformar la comisión investigadora de tres miembros. Tenemos una última sesión ordinaria prevista para el 2 de julio. Los abogados patrocinantes han aportado un sinnúmero de pruebas y fundamentos contundentes que dan viabilidad al juicio, por lo que estimamos que habrá novedades concretas inmediatamente después del receso invernal», concluyó.