El secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, explicó los fundamentos de la ley que crea una comisión para revisar la frontera territorial del año 1968. Aseguró que la disputa se resolverá por vías pacíficas o a través de la Corte Suprema, y que no afectará las inversiones del proyecto minero Josemaría. Además, cuestionó a la Casa Rosada por la demora en el envío de fondos coparticipables.

El conflicto por los límites territoriales entre La Rioja y San Juan sumó un nuevo capítulo institucional tras la sanción de una ley en la Legislatura riojana que faculta al Poder Ejecutivo a crear una comisión de especialistas para revisar el trazado fronterizo. El secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, brindó detalles sobre la estrategia jurídica de la provincia, buscó llevar tranquilidad al sector inversor minero y lanzó duras críticas al Gobierno Nacional por la discriminación en el reparto de fondos públicos.

Herrera explicó que la decisión del gobernador Ricardo Quintela de reavivar un diferendo que arranca en 1968 responde a una «ventana jurídica» reciente. «Hoy se reaviva ese tema porque el gobernador ha decidido avanzar en la discusión de este punto. La revisión de este decreto-ley del año 1968, que se sancionó en un acuerdo ratificado por una ley en el año 2014, pierde vigencia por la Corte Suprema porque le quita vigencia a ese digesto jurídico», precisó el funcionario.

El secretario recordó que La Rioja históricamente rechazó dicho trazado surgido durante la dictadura de Juan Carlos Onganía: «La cuestión de los límites siempre ha sido discutida por la provincia de La Rioja y siempre ha sido rechazada por las legislaturas provinciales, tanto en el año 73 como en el 83. Dirigentes históricos del radicalismo como Julio César Martínez, Raúl Galván e Inés Brizuela y Doria siempre tuvieron posiciones muy críticas y accionaron en el Congreso de la Nación», remarcó, buscando dotar al reclamo de un carácter de política de Estado que trasciende los colores partidarios.

Una comisión de expertos y la respuesta a San Juan

Frente al malestar expresado en redes sociales por el gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, quien acusó a La Rioja de «cortarse sola», Herrera desestimó cualquier tipo de avance de facto y apeló a los carriles constitucionales. «Lo que se sancionó ayer es darle herramientas al Ejecutivo para nombrar una comisión, donde el Poder Legislativo también va a ser parte. Se va a recurrir a historiadores, geógrafos, analistas de mapas catastrales e ingenieros para estudiar los antecedentes históricos y jurídicos», detalló.

El funcionario adelantó que, con los informes técnicos listos, se buscará el diálogo bilateral. «Tendremos que buscar el diálogo con Orrego y fijar nuestras posiciones. Estas cuestiones siempre se solucionan de manera pacífica y amigable. No estamos en contra de San Juan, pero el gobernador tiene la responsabilidad de defender el territorio riojano», sostuvo. En caso de no arribar a un acuerdo, la provincia recurrirá a las dos vías que establece el artículo 75 de la Constitución Nacional: «O será el Congreso de la Nación o, en su defecto, la Corte Suprema de Justicia la que defina».

Garantías para la inversión minera en la zona en disputa

Uno de los puntos de mayor sensibilidad de la entrevista giró en torno al millonario proyecto minero Josemaría (operado por el grupo Lundin), ubicado a escasa distancia de la zona de litigio, y si este reclamo territorial podría paralizar las actividades. Herrera fue tajante al respecto: «Esto no tiene nada que ver con las empresas. Eso lo quiero dejar claro porque si hay algo que estamos buscando es atraer inversores».

De hecho, reveló que mientras se daba el debate legislativo, la gestión continuaba con su agenda productiva normal: «En este momento el ministro de Industria, Federico Bazán, está reunido con la gente de la empresa trabajando en los puntos comprometidos, como el bypass vial y el desarrollo de proveedores mineros locales». Sin embargo, justificó el interés riojano sobre el área: «Es como en una casa: definamos los límites para ver quién paga los gastos o las mejoras. Hay un aprovechamiento económico y recursos naturales a un kilómetro del supuesto límite, y ante un conflicto que no fue ratificado por nuestra legislatura, el gobernador tiene la firmeza de plantearlo. Si la Corte dice que no tenemos razón, se acatará, pero esto no tiene por qué afectar la relación con la empresa».

Fondos retenidos: «Elegimos creer que van por tanda y primero los amigos»

Por último, el secretario general de la Gobernación se refirió con ironía y preocupación a la reciente autorización de la Casa Rosada para girar más de 400.000 millones de pesos en fondos extra a provincias como Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe, mientras mantiene congelado el adelanto de coparticipación de 82.000 millones de pesos prometido a La Rioja.

«Seguimos esperando. Elijo creer que van por tanda y que primero van los amigos, después los no tan amigos», expresó con ironía. «Da qué pensar cuando vemos que a provincias que están en el mismo decreto se les otorga montos tres o cuatro veces superiores, y a La Rioja, por un monto ínfimo que representa menos de una grilla salarial provincial, todavía no tenemos novedades», reclamó.

Finalmente, Herrera exigió un trato institucional equitativo por parte de la administración de Javier Milei: «Nos preocupa que solo se beneficie a los distritos cercanos al Gobierno Federal. Nosotros somos muy respetuosos de quienes piensan distinto, pero acá se trata de un equipo que gobierna para 450.000 riojanos. Le pido a la Nación lo mismo: gobiernan para 47 millones de argentinos, no para todos menos para La Rioja porque tiene una posición política diferente a la del Presidente», concluyó.