El Gobierno sanjuanino, empresarios y referentes del sector minero cuestionaron la iniciativa impulsada por Ricardo Quintela para reabrir una histórica disputa limítrofe. La controversia involucra áreas estratégicas para una inversión de USD 9.700 millones aprobada por el RIGI.
La decisión del gobernador riojano Ricardo Quintela de avanzar con un reclamo territorial sobre zonas actualmente bajo jurisdicción de San Juan abrió un nuevo frente de conflicto político e institucional entre ambas provincias y generó una inmediata reacción del Gobierno sanjuanino y de las principales entidades empresariales vinculadas a la minería.
El mandatario envió a la Cámara de Diputados de La Rioja un proyecto de ley que ratifica el rechazo provincial al decreto-ley 18.004 de 1968, norma que estableció los límites entre ambas jurisdicciones, y faculta a la Fiscalía de Estado a impulsar acciones judiciales para reclamar territorios que la provincia considera propios.
La iniciativa reactivó una controversia histórica que permanecía prácticamente inactiva desde hace décadas, pero que adquiere una dimensión diferente en el actual contexto de expansión minera de la región.
El factor Vicuña
El debate se produce pocos días después de que el Gobierno nacional aprobara la incorporación del proyecto Vicuña al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La iniciativa, desarrollada por las compañías mineras BHP y Lundin Mining, contempla una inversión inicial de USD 9.700 millones para la explotación de cobre, oro y plata en la cordillera sanjuanina. Las proyecciones prevén que el desembolso total pueda superar los USD 18.000 millones durante la próxima década.
El proyecto es considerado uno de los emprendimientos mineros más importantes de América Latina y una de las principales apuestas argentinas para incrementar las exportaciones vinculadas al cobre.
Desde San Juan sostienen que cualquier cuestionamiento a la delimitación territorial vigente introduce incertidumbre jurídica sobre inversiones que requieren previsibilidad de largo plazo.
La respuesta de San Juan
El gobernador sanjuanino Marcelo Orrego rechazó públicamente la iniciativa riojana y aseguró que los límites provinciales se encuentran plenamente vigentes.
«Nuestra jurisdicción no está en discusión», afirmó el mandatario, quien remarcó que la delimitación establecida en 1968 mantiene plena validez legal y que cualquier modificación debería ser resuelta por los mecanismos previstos en la Constitución Nacional.
Desde la administración sanjuanina consideran que ninguna provincia puede alterar unilateralmente los límites interprovinciales mediante legislación local y sostienen que la seguridad jurídica constituye un elemento central para el desarrollo minero.
La posición oficial recibió además el respaldo de distintos sectores políticos de San Juan, que coincidieron en defender la integridad territorial provincial y la continuidad de los proyectos de inversión en marcha.
Preocupación empresarial
La reacción también llegó desde el sector privado.
La Cámara Minera de San Juan expresó su preocupación por cualquier intento de cuestionar situaciones jurídicas consolidadas y advirtió sobre las consecuencias que podrían derivarse para la llegada de inversiones.
En un comunicado, la entidad destacó que la actividad minera requiere reglas claras, estabilidad institucional y previsibilidad para sostener proyectos que demandan desembolsos multimillonarios y horizontes de desarrollo de varias décadas.
Los empresarios señalaron que San Juan construyó durante años una reputación internacional basada en la seguridad jurídica y remarcaron que esa condición fue determinante para atraer capitales destinados a la exploración y explotación de recursos minerales.
La postura de La Rioja
Desde La Rioja argumentan que el decreto-ley de 1968 fue firmado durante un gobierno de facto y perjudicó los intereses territoriales de la provincia.
La iniciativa impulsada por Quintela busca ratificar una ley provincial sancionada en 1973 que desconoció aquella delimitación y habilitar nuevas acciones judiciales para revisar la cuestión.
El proyecto contempla además la creación de una comisión permanente integrada por legisladores y especialistas en geografía, historia, cartografía y minería para analizar la documentación vinculada al conflicto.
Para el Gobierno riojano, la discusión no sólo involucra cuestiones históricas, sino también el acceso a recursos naturales considerados estratégicos para el desarrollo económico futuro de la provincia.
Un debate atravesado por la situación económica
La disputa se produce en un contexto complejo para las finanzas riojanas.
Durante las últimas semanas, Quintela volvió a cuestionar el esquema de distribución de recursos nacionales y reclamó mayores fondos para las provincias. También confirmó la reactivación de los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), conocidos popularmente como «chachos», como herramienta para afrontar compromisos financieros.
En paralelo, el mandatario mantiene una postura crítica respecto del RIGI, al que considera un régimen que limita la capacidad de las provincias para capturar una mayor porción de la renta generada por los recursos naturales.
Lo que está en juego
Más allá del debate jurídico e histórico, la controversia tiene una dimensión económica significativa.
El proyecto Vicuña prevé exportaciones anuales cercanas a los USD 6.000 millones cuando alcance su etapa de plena producción y la generación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos.
Por esa razón, la discusión sobre los límites provinciales excede la cuestión territorial y se proyecta sobre uno de los sectores que aparecen como claves para el crecimiento de las exportaciones argentinas durante la próxima década.
Mientras La Rioja insiste en revisar una delimitación que considera injusta, San Juan y el sector minero advierten que cualquier avance sobre territorios vinculados a proyectos estratégicos podría afectar la confianza de los inversores y generar incertidumbre en uno de los principales polos mineros del país.
