El abogado de Claudio Saúl y Javier Vallejos informó que avanzan causas por amenazas, injurias y calumnias, y reveló una presentación federal por presunto lavado de activos contra una empleada del Ministerio Público Fiscal.

El abogado David Calipo confirmó la existencia de varias acciones judiciales vinculadas a denuncias cruzadas entre integrantes del sistema judicial riojano y distintos actores que en los últimos meses protagonizaron fuertes cuestionamientos públicos contra magistrados y funcionarios.

Según explicó, actualmente representa al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Claudio Saúl, en una causa penal por amenazas y en una querella por injurias y calumnias iniciada contra el abogado Emilio Pagotto, Mirta Collante y otros involucrados en una serie de denuncias públicas difundidas durante el último año.

“El problema no es denunciar. Cualquier ciudadano tiene derecho a denunciar. El problema aparece cuando se realizan acusaciones graves sin aportar pruebas que las respalden”, afirmó Calipo.

La denuncia por amenazas

El letrado explicó que una de las investigaciones se originó a partir de mensajes y publicaciones que hacían referencia a supuestos hechos vinculados con familiares de integrantes del Poder Judicial.

Según sostuvo, algunas expresiones fueron interpretadas como amenazas y dieron origen a una denuncia penal que actualmente se encuentra en trámite.

“No sabemos a quiénes se refiere cuando habla de los hijos del poder, de la droga o de determinadas situaciones. Lo que se busca es que explique concretamente qué quiso decir y qué pruebas tiene para sostener esas afirmaciones”, señaló.

Calipo aseguró además que la Justicia intentó notificar al denunciado para que designe abogado defensor y tome conocimiento formal de la acusación.

La querella por injurias y calumnias

En paralelo, el abogado confirmó la presentación de una querella criminal por presuntas injurias y calumnias.

La acción judicial apunta a declaraciones públicas que, según la posición de los denunciantes, habrían afectado el honor y la reputación de integrantes del Poder Judicial provincial.

“Una cosa es cuestionar una decisión judicial o buscar justicia. Otra muy distinta es atribuir delitos o conductas ilícitas sin presentar ningún elemento de prueba”, sostuvo.

Según explicó, la demanda busca determinar si las acusaciones difundidas públicamente tienen sustento fáctico o si constituyen expresiones injuriantes.

Cuestionamientos a la falta de comparecencia

Calipo también criticó la ausencia de algunos denunciados en los procedimientos judiciales iniciados para esclarecer los hechos.

Afirmó que la Justicia convocó a determinadas personas para que ejerzan su derecho de defensa y aporten pruebas, pero que hasta el momento no habrían comparecido.

“Si alguien sostiene públicamente que existe corrupción o la comisión de delitos, debe presentarse ante la Justicia y aportar los elementos que respalden esas afirmaciones”, señaló.

El abogado indicó que incluso solicitó medidas para garantizar la comparecencia de quienes fueron citados en las causas abiertas.

Una denuncia federal por presunto lavado de activos

Durante la entrevista, Calipo reveló además la presentación de una nueva denuncia ante la Justicia Federal en representación del fiscal general Javier Vallejos.

La acción judicial involucra a Cecilia Agüero y otras personas vinculadas a su entorno y, según explicó, incluye sospechas relacionadas con presuntas maniobras de lavado de activos.

“El expediente incorpora documentación y elementos probatorios que deberán ser analizados por la Justicia Federal. Nosotros entendemos que existen hechos que justifican una investigación”, afirmó.

El letrado aclaró que la presentación se realizó acompañando información que, a su criterio, requiere una evaluación judicial específica.

Licencias y viajes al exterior

Otro de los aspectos mencionados por Calipo se relaciona con licencias médicas otorgadas a empleadas del Ministerio Público Fiscal.

Según sostuvo, existen pedidos de informes vinculados a viajes al exterior realizados por algunas personas que se encontraban con licencia psiquiátrica.

El abogado afirmó que solicitó información a organismos nacionales para determinar fechas de salida e ingreso al país y verificar si existieron incompatibilidades entre esos viajes y las licencias concedidas.

“Si una persona está imposibilitada de trabajar por razones médicas, corresponde analizar todas las circunstancias para determinar si esa situación se corresponde con la realidad”, señaló.

La intervención del Consejo Profesional de Abogados

Consultado sobre las actuaciones iniciadas en el ámbito del Consejo Profesional de Abogados, Calipo defendió el accionar de la institución y sostuvo que el organismo tiene la obligación de analizar cualquier conducta que pudiera afectar las normas éticas de la profesión.

“El Consejo está haciendo lo que corresponde. Todos los abogados estamos sometidos a reglas de conducta y, cuando existe una denuncia, debe investigarse”, afirmó.

Para el letrado, el objetivo final de todos los procesos abiertos debe ser esclarecer los hechos y determinar responsabilidades sobre la base de pruebas concretas y no de acusaciones formuladas en el ámbito mediático o en redes sociales.

“Las instituciones tienen que funcionar para todos por igual. La verdad se determina con pruebas y dentro de los procesos judiciales”, concluyó.