Delfor Brizuela aseguró que las víctimas fueron arrestadas sin orden judicial y denunciaron apremios ilegales. La Secretaría reclamó una actuación urgente de la Justicia y la preservación de pruebas clave.

La Secretaría de Derechos Humanos de La Rioja intervino en una causa que investiga presuntos hechos de violencia institucional ocurridos en la localidad de Ulapes, luego de que dos hombres denunciaran haber sido detenidos ilegalmente y sometidos a apremios ilegales por parte de efectivos policiales.

El titular del organismo, Delfor Brizuela, calificó como “gravísimas” las acusaciones formuladas por las presuntas víctimas y reclamó una actuación rápida tanto de la Justicia como de los organismos de control internos de la Policía provincial.

Según relató el funcionario, los hechos habrían ocurrido el martes posterior al último fin de semana largo, cuando dos ciudadanos oriundos de Mendoza fueron interceptados en un paraje ubicado en territorio de San Luis y posteriormente trasladados a una dependencia policial de Ulapes.

“La denuncia sostiene que la detención se produjo fuera de la jurisdicción de la Policía de La Rioja y que luego, en la comisaría, se registraron situaciones de abuso de autoridad, apremios ilegales e incluso torturas”, afirmó Brizuela.

La intervención de Derechos Humanos

El secretario explicó que tomó conocimiento del caso el jueves por la noche a partir de la difusión realizada por el abogado Nicolás Mercado, quien representa a los denunciantes.

Al día siguiente, el organismo provincial mantuvo una reunión con el letrado y posteriormente trasladó la preocupación a la Fiscalía General de la Provincia.

“Le pedimos al fiscal general que actuara con rapidez porque en este tipo de causas el paso del tiempo puede significar la pérdida de pruebas fundamentales para esclarecer los hechos”, sostuvo Brizuela.

Según indicó, desde la Secretaría se buscó garantizar que la investigación avanzara con la mayor celeridad posible ante la gravedad de las acusaciones.

Un habeas corpus favorable a los detenidos

De acuerdo con el relato del funcionario, la primera actuación judicial fue un habeas corpus presentado ante la Justicia de Chepes.

La magistrada interviniente ordenó la inmediata libertad de los dos hombres y dejó constancia de que no existía una orden judicial que respaldara la detención.

Brizuela señaló que la resolución judicial también cuestionó la ausencia de autorización para realizar procedimientos en una vivienda ubicada fuera del territorio provincial.

“La jueza entendió que no había orden de detención ni orden de allanamiento, y por eso dispuso la libertad de las personas involucradas”, explicó.

Lesiones y denuncias de tortura

El titular de Derechos Humanos indicó que uno de los denunciantes habría sufrido lesiones de consideración durante el procedimiento.

Según la información reunida por el organismo, la gravedad de algunas heridas obligó a derivar a una de las personas desde el hospital de Ulapes hacia un centro de mayor complejidad en Chepes.

Los informes médicos incorporados a la causa constituyen parte de los elementos probatorios que actualmente son analizados por la Justicia.

La actuación de Asuntos Internos

En paralelo a la investigación judicial, la Secretaría de Derechos Humanos remitió pedidos de informes al jefe de la comisaría involucrada, a la jefatura regional, a la conducción de la Policía provincial y al Ministerio de Seguridad.

Brizuela informó que, tras las primeras actuaciones, una comisión de la Dirección de Asuntos Internos se trasladó a Ulapes para recolectar pruebas y tomar declaraciones.

Como medida preventiva, fueron apartados de sus funciones el comisario y el subcomisario de la dependencia.

Sin embargo, el funcionario señaló que persisten cuestionamientos respecto de la permanencia de otros efectivos que habrían participado de los procedimientos denunciados.

“Entendemos que las medidas adoptadas son un primer paso, pero todavía resta esclarecer completamente lo sucedido y determinar las responsabilidades individuales”, afirmó.

El reclamo por las grabaciones de seguridad

Uno de los principales planteos realizados por la Secretaría apunta a preservar las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la dependencia policial.

Brizuela aseguró que el organismo insistió ante la Fiscalía para que esas pruebas sean incorporadas cuanto antes al expediente judicial.

“Las cámaras pueden ser determinantes para reconstruir los hechos. Por eso insistimos en que la Justicia actúe rápidamente para evitar cualquier pérdida de evidencia”, sostuvo.

“Mancha a la institución policial”

Pese a remarcar el valor institucional de la fuerza de seguridad provincial, el secretario de Derechos Humanos consideró que episodios de esta naturaleza afectan la credibilidad del sistema.

“Valoramos profundamente el rol de la Policía como institución protectora de la sociedad, pero hechos de esta gravedad, si se comprueban, constituyen una contradicción absoluta con esa función”, afirmó.

Brizuela concluyó que el objetivo central es que la investigación avance con transparencia y que, en caso de confirmarse las denuncias, los responsables reciban las sanciones correspondientes tanto en el plano administrativo como en el penal.