Una ley aprobada por la Legislatura provincial rechaza el acuerdo firmado durante la dictadura de Onganía; el Gobierno pretende llevar el caso al Congreso, único órgano con facultades para definir límites entre provincias

La histórica controversia por los límites territoriales entre La Rioja y San Juan volvió a ocupar el centro de la escena política provincial. Tras la aprobación de una ley por parte de la Legislatura riojana, el Gobierno provincial buscará reactivar ante el Congreso de la Nación un reclamo que apunta a revisar el acuerdo firmado en 1968 durante la última dictadura militar y que, según sostiene la administración de Ricardo Quintela, significó la pérdida de alrededor de 3000 kilómetros cuadrados de territorio.

La iniciativa legislativa, sancionada la semana pasada, rechaza formalmente el convenio celebrado entre los entonces interventores militares de ambas provincias y ratificado mediante la Ley Nacional 18.004. Además, faculta al Poder Ejecutivo provincial a impulsar acciones administrativas, legislativas e institucionales destinadas a reabrir la discusión sobre los límites interprovinciales.

El asesor general de Gobierno, Pedro Goyochea, explicó que la norma constituye un primer paso dentro de un proceso que necesariamente deberá desarrollarse en el ámbito del Congreso nacional.

“Los límites entre provincias solamente pueden ser resueltos por el Congreso de la Nación a través de una comisión bicameral específica”, afirmó el funcionario durante una entrevista radial.

Según detalló, una vez promulgada y publicada la ley provincial, el Ejecutivo podrá solicitar formalmente la conformación de esa comisión para analizar los antecedentes históricos, jurídicos y cartográficos vinculados al diferendo.

El origen del conflicto

La posición oficial de La Rioja sostiene que el convenio firmado en 1968 careció de un análisis técnico e histórico suficiente y fue celebrado en un contexto institucional excepcional, sin intervención de órganos democráticamente elegidos.

Para el Gobierno provincial, el acuerdo implicó una cesión territorial que modificó límites históricos en favor de San Juan. La superficie en discusión ronda los 3000 kilómetros cuadrados, una extensión equivalente a más de tres veces la superficie del departamento Capital de La Rioja.

Goyochea sostuvo que el proceso se desarrolló durante el gobierno de facto encabezado por Juan Carlos Onganía y que las legislaturas provinciales no participaron de la definición de los límites debido a la interrupción del orden constitucional.

“Lo que existió fue una adhesión de La Rioja a una propuesta formulada por San Juan, sin una instancia de debate que permitiera alcanzar una solución equilibrada entre ambas provincias”, señaló.

El antecedente judicial

El asesor legal también vinculó la nueva estrategia provincial con un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referido al Digesto Jurídico Argentino, sancionado mediante la Ley 26.939.

Según explicó, el máximo tribunal entendió que esa norma no cumplió con los mecanismos de actualización previstos por el Congreso, circunstancia que, a criterio de la provincia, reabre el análisis sobre la situación jurídica de diversos decretos-leyes dictados durante gobiernos militares.

Aunque la Corte no tiene competencia para resolver cuestiones de límites territoriales, el Gobierno riojano considera que esa decisión aporta nuevos elementos para revisar el acuerdo suscripto en 1968.

Un proceso de largo plazo

La eventual revisión del trazado limítrofe no aparece como un proceso inmediato. La conformación de una comisión bicameral requerirá una decisión política del Congreso y la participación de legisladores nacionales de ambas cámaras.

Posteriormente, deberían analizarse antecedentes históricos, documentación cartográfica y normativa vinculada a la delimitación territorial entre ambas provincias.

Desde el Gobierno provincial admiten que se trata de un proceso complejo y de largo aliento. Sin embargo, sostienen que existen fundamentos históricos suficientes para impulsar una nueva discusión sobre una cuestión que consideran pendiente desde hace casi seis décadas.

La disputa, que periódicamente reaparece en la agenda política regional, suma ahora un nuevo capítulo institucional y promete abrir un debate que excede las fronteras de ambas provincias para trasladarse al ámbito del Congreso de la Nación.