El consiliario Carlos Tejeda respaldó varios cambios aprobados por la Asamblea Universitaria, pero criticó la cláusula transitoria que reinicia el cómputo de los mandatos. Aseguró que el artículo beneficia a las actuales autoridades y pidió que la Secretaría de Políticas Universitarias revise la reforma.

La aprobación de la reforma del Estatuto de la Universidad Nacional de La Rioja sigue generando repercusiones. Esta vez fue el consiliario universitario Carlos Tejeda, integrante del espacio opositor GESTO, quien cuestionó uno de los puntos centrales del nuevo texto y advirtió que la cláusula transitoria aprobada por la Asamblea podría extender significativamente la permanencia de las actuales autoridades en sus cargos.

Tejeda aclaró que la oposición no rechazó en bloque la reforma estatutaria y señaló que existen modificaciones con las que coincide, entre ellas la ampliación de los mandatos de tres a cuatro años para rector, vicerrector, decanos y demás autoridades.

«Estamos de acuerdo con que los mandatos pasen de tres a cuatro años porque la UNLaR estaba desfasada respecto del resto de las universidades nacionales», afirmó.

Sin embargo, sostuvo que el principal cuestionamiento se concentró en el artículo transitorio que establece que los mandatos actualmente en curso no serán computados dentro del nuevo esquema electoral.

«Los mandatos vuelven a foja cero»

Según explicó, la aplicación de esa cláusula permitirá que quienes hoy ejercen cargos electivos puedan volver a competir como si iniciaran un nuevo ciclo institucional.

«Una vez que entre en vigencia el nuevo Estatuto, todos los mandatos actuales vuelven a foja cero», explicó.

En términos prácticos, señaló que autoridades que ya llevan un período de gestión y una reelección podrán volver a presentarse por dos mandatos más de cuatro años cada uno.

Tejeda puso como ejemplo el caso de la rectora Natalia Álbarez Gómez, cuyo mandato actual no sería contabilizado bajo el nuevo régimen, lo que le permitiría competir nuevamente cuando finalice su gestión.

En otros casos, indicó, la situación podría ser aún más extensa.

«Hay decanos que el año próximo cumplirán seis años de gestión. Con esta cláusula podrían permanecer ocho años más, llegando a completar hasta catorce años en el cargo», sostuvo.

Cuestionamientos al tratamiento de la reforma

El consiliario también criticó la velocidad con la que se desarrolló el proceso de discusión del nuevo Estatuto.

Afirmó que la comisión encargada de elaborar el texto trabajó durante apenas quince días, un plazo que consideró insuficiente para debatir una reforma de semejante magnitud institucional.

«Lo que cuestionamos fue la premura. Hubo muy poco tiempo para elaborar un nuevo Estatuto y discutir temas tan importantes», señaló.

A su entender, la urgencia estuvo concentrada principalmente en los aspectos vinculados al régimen electoral y a la duración de los mandatos.

La última palabra la tendrá la Secretaría de Políticas Universitarias

Tejeda recordó que la aprobación por parte de la Asamblea Universitaria no implica la entrada en vigencia inmediata del nuevo Estatuto.

Explicó que ahora el texto deberá ser remitido a la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, que podrá aprobarlo u observar algunos de sus artículos.

Si existieran objeciones, la Asamblea Universitaria deberá volver a reunirse para analizar las modificaciones requeridas.

Una vez superada esa instancia y publicada la reforma en el Boletín Oficial, el nuevo Estatuto comenzará a regir formalmente.

«Somos minoría y respetamos el resultado»

Pese a las críticas, Tejeda reconoció la legitimidad del resultado obtenido por el oficialismo universitario, que logró una amplia mayoría en la Asamblea.

«No tenemos ningún problema en reconocer que somos minoría. Todos llegamos por el voto y hay que respetar el resultado democrático», afirmó.

No obstante, insistió en que el debate sobre la cláusula transitoria continuará, ya que considera que contradice el espíritu de la propia reforma, cuyo objetivo declarado es evitar la perpetuación de autoridades dentro del gobierno universitario.